La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca juzga a un empresario acusado de defraudar más de 200.000 euros en cuotas a la Seguridad Social entre los años 2014 y 2018 y de presentar certificados falsos que acreditaban estar al corriente de pago para poder conseguir contratos con otras empresas. La Fiscalía pide 8 años de prisión, además de multas y responsabilidades económicas de casi 1 millón de euros por fraude a la Seguridad Social, nada más y nada menos
El Ministerio Público considera que el acusado habría cometido un delito contra la Seguridad Social y dos delitos de falsedad documental, según la sentencia y el procedimiento judicial recogido por el Periódico Mediterráneo. En concreto, reclama una multa superior a 630.000 euros y una indemnización de 315.140 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Durante el juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia de Palma, el empresario negó los hechos y aseguró que desconocía que las cuotas no se estaban pagando, atribuyendo la responsabilidad a la gestoría y al personal administrativo de su empresa.
El empresario asegura que no sabía nada de los pagos
El acusado, de 59 años, defendió ante el tribunal que él no se encargaba de la gestión administrativa de las sociedades. Según explicó, su trabajo consistía principalmente en supervisar las obras y la actividad diaria de los trabajadores.
“Yo no me encargaba de los papeles ni del dinero. Todo lo llevaba la gestoría y yo firmaba lo que me presentaban”, declaró durante la vista oral. También añadió que no sabía cómo funcionaban los trámites relacionados con la Seguridad Social ni con la contabilidad de las empresas.
Según su testimonio, su labor se limitaba a tareas de campo, como visitar obras, coordinar al personal y asegurarse de que los empleados tuvieran material y trabajo.
Tenía varias empresas con el mismo objeto social
Todo comenzó cuando la Fiscalía detectó deudas con la Seguridad Social generadas por cuatro sociedades vinculadas al empresario, todas ellas domiciliadas en Inca (Mallorca) y dedicadas al mismo sector: la construcción y el mantenimiento de sucursales bancarias, supermercados y otros establecimientos comerciales.
El acusado era administrador único de todas las mercantiles, que según la investigación llegaron a emplear decenas de trabajadores. De acuerdo con su propio testimonio, el número de empleados variaba según las necesidades del trabajo y podían pasar de una sociedad a otra.
Además, el empresario explicó que creaba distintas sociedades porque algunas empresas para las que trabajaba exigían exclusividad, por lo que no podía operar con la misma empresa para diferentes clientes.
Con el tiempo, todas estas sociedades acabaron entrando en concurso de acreedores, según indicó el propio acusado.
Certificados falsos para conseguir contratos
Durante el procedimiento también se investigó la presentación de dos certificados supuestamente falsos que acreditaban que las empresas estaban al corriente de pago con la Seguridad Social. Estos documentos habrían sido utilizados para obtener contratos con otras compañías.
Sin embargo, peritos que analizaron los certificados detectaron que la huella electrónica era incorrecta y que los documentos habían sido modificados, lo que indicaba que no eran auténticos.
El empresario volvió a señalar a la gestoría como responsable de estos documentos. “Ese tipo de papeles me los daba la gestoría. Se pedía el certificado y ellos lo mandaban”, aseguró ante el tribunal. También afirmó que en algunos casos estos trámites podían realizarlos empleados de su oficina.
Trabajadores y empresas afectadas
Durante el juicio también declararon trabajadores y empresarios que habían colaborado con el acusado. Uno de sus empleados explicó que dejó de trabajar con él en 2016 porque no cobraba su salario, llegando a acumular una deuda cercana a 8.000 euros.
Por otro lado, dos empresarios que subcontrataron a sus empresas señalaron que creían que estaba al corriente con la Seguridad Social, ya que el acusado les presentó certificados que aparentemente lo acreditaban. Posteriormente se comprobó que esos documentos no eran auténticos, lo que provocó que las empresas contratantes acabaran siendo sancionadas.
El abogado defensor solicitó la absolución del empresario y, de forma subsidiaria, pidió que se aplicara la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, lo que reduciría la posible pena a un año y medio de prisión.
El acusado, que actualmente afirma vivir con una prestación de 450 euros mensuales, insistió en su declaración final en que nunca tuvo intención de eludir el pago a la Seguridad Social y que su única prioridad era conseguir trabajo para sus empleados.