Los problemas entre caseros e inquilinos están a la orden del día y en muchos casos acaban en tribunales, pero hay veces a quien denunciar le sale mal y además de que la justicia no le da la razón termina teniendo que pagar las costas del juicio. Así ha sido el caso de un casero francés que quiso que la justicia condenara a su inquilino por subarrendar habitaciones y no solo no lo consiguió, sino que tuvo que pagar 3.000 euros por las costas judiciales.
El propietario denunció a su inquilino convencido de que estaba haciendo negocio a sus espaldas, subarrendando la vivienda supuestamente sin permiso, tal y como recogen en el medio francés ‘Figaro Inmobilier’. El motivo por el que alquilaba era supuestamente sacar rendimiento económico a la vivienda durante los Juegos Olímpicos de París,
Sin embargo, lo que el casero no comprobó previamente es que, en el contrato de alquiler que firmaron, el subarrendamiento estaba permitido siempre que el inquilino avisara a casero y le enviara copia del contrato en un plazo de 15 días. Y eso es exactamente lo que hizo cada vez que subarrendaba.
La justicia es clara: el casero pierde y paga
Según aclara el abogado especialista, Gabriel Neu-Janicki, en sus declaraciones recogidas por el medio, en Francia, “el subarrendamiento de una vivienda solo está permitido si el arrendador da su consentimiento por escrito, incluido el precio del alquiler al inquilino principal, que también puede ser tácito”.
Como el tema del permiso estaba cubierto, ya que estaba incluido en el contrato, el casero buscó otra vía alegando que nunca había validado el importe de los subarriendos y que el inquilino estaba usando el piso casi como si fuera un hotel, subarrendando varias veces al año a personas que ni siquiera lo tenían como vivienda principal.
Sin embargo, los tribunales entendieron que el propietario había estado siempre informado de cada subarrendamiento, incluso de los precios, así que existía un consentimiento tácito. Además, el inquilino nunca dejó de vivir en el piso: seguía siendo su residencia principal.
Finalmente, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo en España) deja claro que el casero no solamente no tiene razón en sus acusaciones hacia su inquilino, sino que tendrá que pagar 3.000 euros en concepto de costas judiciales.