La justicia ha reconocido a un jardinero de 55 años la pensión de incapacidad permanente total después que la Seguridad Social se la denegara hasta en tres ocasiones. El Instituo Nacional de la Seguridad Social (INSS) alegaba que su enfermedad no era lo suficientemente grave, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictaminado que su salud mental le impide trabajar en su profesión habitual y más si utiliza maquinaria peligrosa.
Según explica la sentencia, este jardinero de nombre Bernardino ya tenía una discapacidad reconocida del 38% y debido a su estado decidió solicitar la pensión de incapacidad permanente en marzo de 2023 debido a un trastorno de la personalidad que venía arrastrando desde hace años. Pero, tras se valorado por el Equipo de Valoración e Incapacidad (EVI) este decidió denegarle la solicitud al considerar que las patologías que sufría no alcanzaban “un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral” para ser constitutivas de una prestación.
No una única vez, sino que fueron hasta tres veces las que le denegaron la incapacidad y por ello y tras varias reclamaciones, decidió acudir a los tribunales. Según recoge la sentencia, el historial médico mostraba una “evolución tórpida con tendencia al empeoramiento clínico en todas las esferas”, incluyendo dos intentos graves de suicidio que requirieron, en el último caso, ingreso hospitalario.
A pesar de estos antecedentes, la Seguridad Social insistía en el recurso de suplicación que el demandante ya había tenido otros expedientes denegados anteriormente por la misma profesión de jardinero. Aun así, la justicia ha sido clara al señalar que no se puede ignorar el agravamiento de su estado psíquico actual.
Incompatibilidad con el manejo de maquinaria
El tribunal falló darle la incapacidad debido a la peligrosidad que conlleva el puesto de trabajo de un jardinero para una persona con este cuadro clínico. La sentencia explica que las tareas habituales del actor incluyen el uso de maquinaria específica como segadoras y cortadoras, herramientas que requieren un control absoluto de las capacidades del trabajador.
En este sentido, los magistrados explican que la patología psíquica y su sintomatología asociada “resultan incompatibles con el desempeño de la profesión de jardinero que en todo caso exige dosis de concentración importantes para el manejo de maquinaria necesaria en su desempeño”. Además, el tribunal recuerda que el desarrollo de cualquier actividad laboral no puede suponer un “incremento del riesgo físico, propio ni ajeno”, algo que en este caso no se podía garantizar debido a las crisis de ansiedad y respuestas disociativas del demandante.
Por todo, la justicia rechaza el recurso de la Seguridad Social y da la razón a Bernardino, reconociéndole cobrar una pensión calculada sobre una base reguladora de 897,77 euros mensuales. Al tener 55 años y tener dificultades para encontrar empleo, la cuantía de su prestación se verá incrementada en un 20% adicional, tal y como marca la ley para estos supuestos de incapacidad total cualificada.