Los esfuerzos del Gobierno de España en materia de Seguridad Social continúan imparables en plena mesa de negociaciones con sindicatos y patronal. En su última comparecencia, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado la apuesta de su cartera por seguir incentivando el retraso en la jubilación, más allá de la mejora sobre la jubilación demorada que entró en vigor en 2023.
Como ha confirmado Saiz, “dentro del ámbito del diálogo social y desde la escucha, estamos trabajando para que aquellos que quieran prolongar su edad laboral en unas condiciones óptimas, encuentre estímelos e incentivos necesarios”. En otras palabras, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) seguirá premiando a quienes abandonen el mercado laboral más allá de la edad ordinaria o legal.
Por otra parte, en una entrevista facilitada a Canal Sur, también ha confirmado el compromiso de su ministerio por seguir fortaleciendo el sistema de pensiones, no solo mediante incentivos, sino también a nivel económico. De ahí que haya expresado la intención de que al final de esta legislativa, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la hucha de las pensiones), vea un engrosamiento de sus cuentas con 25.000 millones de euros más.
Disminuye la jubilación anticipada y se duplica la jubilación demorada
A efectos de prácticos, dicha ministra ha confirmado que se está produciendo una reducción significativa para aquellos que deciden acogerse a una jubilación anticipada antes de la edad que les tocaría normalmente. Al mismo tiempo, subraya que las demoradas se están “multiplicando por dos”.
Y es que a ojos de este organismo público, “lo importante es acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal”. Algo con lo que ya se lleva luchando desde el 2013, cuando el sistema de pensiones comenzó a retrasar la edad legal para el acceso a la jubilación ordinaria, con el fin de fijar que, en 2027, todas las personas puedan abandonar el trabajo a los 67 años.
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