Retrasar la edad de jubilación eleva el riesgo de no cobrar la pensión por mortalidad en los trabajadores de entre 60 y 69 años

Retrasar la edad de jubilación ha sido una de las prioridades del Gobierno en la última década. En primer lugar, la reforma aprobada en 2011 (Ley 27/2011), que entró en vigor en 2013, tenía como objetivo alinear la edad de jubilación legal con la edad real de retiro. Posteriormente, en 2021, se aprobó una segunda reforma que, entre otras medidas, endurecía las penalizaciones por jubilación anticipada y ofrecía incentivos atractivos para retrasar el retiro. Con estas medidas, el gobierno alinear la edad media de acceso a la jubilación con la edad legal para, así, garantizar la sosteniblidad del sistema público de pensiones. Ahora, según un estudio realizado por Fedea ha revelado que retrasar la edad de jubilación puede tener consecuencias negativas para la salud de los trabajadores de entre 60 y 69 años, aumentando la mortalidad en este grupo etario.

El estudio, realizado por los investigadores Cristina Bellés, Sergi Jiménez y Han Ye, se basa en el análisis de datos obtenidos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) del Ministerio de Seguridad Social, comparados con las tasas de mortalidad por edades. Según los resultados, retrasar un año la salida del mercado laboral incrementa el riesgo de morir entre los 60 y 69 años en 4,4 puntos porcentuales (38%). El aumento de la mortalidad se atribuye, en gran medida, a la pérdida inmediata de acceso a los regímenes de jubilación anticipada.

Un análisis más detallado del estudio muestra que, dentro del grupo de edad mencionado, los trabajadores que desempeñaron empleos peligrosos, penosos o de escaso reconocimiento son quienes presentan mayores tasas de mortalidad, aunque suelen retrasar la jubilación en menor medida. Esto se debe, en parte, a que muchos de estos empleos están incluidos en regímenes especiales que contemplan coeficientes reductores, permitiendo la jubilación anticipada sin una reducción en la cuantía de la pensión. Este es el caso de los trabajadores de la minería del carbón o del mar, entre otros, a los que el Ministerio de Seguridad Social ha extendido estos beneficios.

Para reducir esta tendencia, el informe de Fedea sugiere que los trabajadores tengan la opción de reducir progresivamente su carga laboral antes de jubilarse. Según los expertos, «permitir a los trabajadores disminuir gradualmente su carga de trabajo podría incentivarles a permanecer más tiempo en la población activa sin afectar negativamente su esperanza de vida».

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En el última reformas de las pensiones, el Ministerio de Seguridad Social se incluyeron medidas para favorecer la jubilación demorada, es decir, aquella que ocurre más allá de la edad de jubilación. Entre estos beneficios se encuentra un porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, un pago adicional de entre 5.000 y 12.000 euros o un mix de ambas. Así como ha beneficiado el retraso en la edad de jubilación, se ha penalizado las jubilaciones anticipadas, con recortes de hasta un 21% en las voluntarias y del 30% para las involuntarias, dependiendo del tiempo cotizado.. Además, se han puesto mayores recortes en el caso de llegar a la pensión máxima.

Aumentar la edad de jubilación no compensa

El Gobierno, en su última mesa de negociación con los agentes sociales, cerró en julio un acuerdo para modificar las fórmulas de jubilación parcial y activa. Estas modalidades permiten combinar la pensión con el salario y ahora también incluyen bonificaciones por retrasar el retiro. No obstante, este estudio cuestiona la efectividad de estas medidas, sugiriendo que el aumento del periodo de cotización no compensa los riesgos para la salud de quienes optan por retrasar su jubilación. Según el informe, los beneficios fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción en la duración del pago de pensiones no compensan la pérdida social asociada a la disminución de la esperanza de vida.

El estudio, realizado por un grupo de investigadores de un think tank, subraya la importancia de diseñar políticas de jubilación con cautela, teniendo en cuenta «el grado de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación». Los autores insisten en que los criterios para fijar las edades mínimas y legales de jubilación no deben ser uniformes para todas las profesiones.

Aunque el análisis es complejo, los autores destacan que sus resultados ofrecen una visión más detallada que otros estudios anteriores. Señalan que retrasar la jubilación y limitar las opciones de jubilación anticipada son temas importantes en la agenda política de muchos países. Aun así, advierten que la mayoría de las investigaciones previas sobre los efectos de la jubilación en la mortalidad se basan en estudios que permitían la jubilación anticipada. Dado que no está claro si adelantar o posponer la jubilación tiene los mismos efectos, sus hallazgos sobre el impacto en la mortalidad de retrasar la jubilación son especialmente relevantes.

Para finalizar, los autores también señalan que los diferentes efectos en la mortalidad al retrasar la jubilación pueden tener consecuencias al aumentar la edad legal de jubilación. Aunque su estudio no se centra en esto, consideran que es necesario analizar más a fondo como estas reformas afectan la salud y la mortalidad, y sugieren que este sería un tema interesante para futuras investigaciones.