El Tribunal Supremo ha iniciado el procedimiento de ejecución forzosa de la sentencia que obliga al Gobierno a regular la jubilación anticipada de los agentes de la Policía Nacional integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, tras comprobar que la Administración no ha cumplido el fallo judicial dictado en mayo de 2025. Esto viene después de que Interior prometiera avanzar en la jubilación anticipada de este cuerpo y de la Guardia Civil el pasado mes de noviembre, algo que parece no se ha cumplido.
Según la resolución judicial, el Ejecutivo debía iniciar el procedimiento normativo para permitir la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de estos agentes, de forma similar a lo que ya ocurre con otros cuerpos policiales como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral y las policías locales.
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La decisión del alto tribunal llega después de que hayan transcurrido los plazos legales sin que se haya materializado la regulación exigida por la sentencia. Ante esta situación, el Supremo ha requerido al Gobierno que identifique el órgano responsable de ejecutar el fallo y detalle las actuaciones realizadas para cumplir la resolución judicial.
Ultimátum judicial tras meses de inacción
El sindicato policial JUPOL, que impulsó el recurso, defiende que la activación del mecanismo de ejecución evidencia la falta de avances por parte del Ejecutivo. Según su secretario general, Aarón Rivero, la situación va más allá de un simple retraso administrativo.
“Estamos ante un hecho gravísimo: el Tribunal Supremo ha tenido que intervenir de nuevo porque el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para cumplir una sentencia firme. No estamos hablando de una recomendación, sino de una obligación legal clara y directa”, ha señalado.
La sentencia, dictada el 21 de mayo de 2025 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, estimó el recurso presentado por el sindicato contra la desestimación por silencio administrativo del Consejo de Ministros a la solicitud para aplicar esos coeficientes reductores de jubilación.
El alto tribunal consideró que la falta de regulación vulneraba el principio de igualdad, al dejar en peor situación a los policías nacionales respecto a otros cuerpos policiales autonómicos y locales que sí cuentan con este mecanismo de jubilación anticipada.
Reivindicación sindical y debate sobre la profesión de riesgo
Desde JUPOL sostienen que el reconocimiento de la jubilación anticipada responde a las características de una profesión marcada por la peligrosidad, la penosidad y el desgaste físico. De hecho, desde el sindicato pedían que se considerara una profesión de riesgo, incluso con llamamientos a la UE para que lo reconozca así. JUPOL defiende que la medida no debe interpretarse como un privilegio, sino como una protección laboral acorde con la naturaleza del trabajo policial.
Rivero ha afirmado que la sentencia supone “una victoria histórica” para los policías nacionales que ingresaron en el cuerpo a partir de 2011 y abre el camino para extender este derecho a todos los agentes en condiciones similares a las de otros cuerpos policiales en España.
La organización sindical ha advertido además de que continuará utilizando todas las vías legales para lograr que la regulación se materialice mediante un real decreto que permita aplicar de forma efectiva la jubilación anticipada. Mientras tanto, el procedimiento de ejecución abierto por el Supremo incrementa la presión institucional sobre el Gobierno para cumplir el mandato judicial.