Consecuencias del traspaso de la Seguridad Social al País Vasco: "Rompe la igualdad de todos los españoles"

Pedro Sánchez se ha comprometido a transferir el régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco en un plazo de dos años dentro del marco de las negociaciones con su socio preferente, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para asegurar su investidura como presidente. Este principio de acuerdo, que responde a las aspiraciones recogidas en el Estatuto de Guernica, constituiría un hito en la relación entre el Gobierno central y las autonomías.

Sin embargo, la euforia inicial se ha visto atenuada por las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha suavizado las expectativas, matizándolas, al señalar la ausencia de referencias específicas sobre ello en los acuerdos. Esta discrepancia pone en valor la delicadeza de los compromisos políticos y la necesidad de una interpretación cuidadosa de los textos pactados.

El acuerdo, que fortalece la posición del PNV como aliado estratégico de Sánchez, también incluye la negociación de un "reconocimiento nacional" para el País Vasco en el citado período. Esta disposición, aunque esboza un ambicioso camino hacia el reconocimiento político, carece de detalles específicos sobre el proceso de negociación y los hitos a alcanzar en este tiempo.

Los convenios autonómicos, por delante de los estatales

El pacto aborda cuestiones económicas y fiscales de relevancia al establecer un marco propio de relaciones laborales, concediendo supremacía a los convenios autonómicos sobre los estatales, una antigua demanda del PNV que finalmente ha sido satisfecha. Un aspecto, que aunque puede ser celebrado como un logro político para los nacionalistas vascos, también plantea preguntas sobre cómo se integrará esta medida en el marco laboral más amplio del país.

La ampliación del Concierto, con la inclusión de nuevos impuestos y el tratamiento de cuestiones territoriales específicas, como la constitución de Usansolo como un nuevo municipio y la desafección de terrenos en Hondarribia afectados por el dominio público marítimo-terrestre, es otro de las puntos a destacar.

Ortuzar contradice a Montero

A pesar de las palabras de Montero, el líder del PNV, Andoni Ortuzar, asegura que el acuerdo con el PSOE para respaldar la investidura de Pedro Sánchez implica el "traspaso efectivo" al País Vasco de transferencias pendientes, incluida la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

La incertidumbre radica en cómo se llevarán a cabo estas negociaciones. El Ministerio de Seguridad Social sostiene que se abordará, pero no romperá la caja única del sistema, protegida constitucionalmente. Aunque se especula que el traspaso podría centrarse en el pago de prestaciones, el artículo 18 del Estatuto de Gernica sugiere un alcance mayor. El profesor de Economía Miguel Ángel García advierte que si se transfieren pagos y recaudación, podría afectar la caja única y destaca el déficit de las pensiones contributivas vascas como un desafío financiero.

Ante estas preocupaciones, sindicatos como CCOO y UGT argumentan que las cuestiones de Seguridad Social deben tratarse en el Pacto de Toledo y la concertación social en lugar de acuerdos bilaterales. Exigen que los compromisos en negociación colectiva se discutan en el diálogo social.

El aviso de los inspectores de trabajo y seguridad social

Los inspectores de Trabajo y la Seguridad Social han expresado su preocupación en un comunicado acerca del traspaso de la gestión económica de la seguridad social al País Vasco, como parte del acuerdo entre el PSOE y el PNV para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. En palabras del sindicato de inspectores de trabajo, esta medida socava "la solidaridad del sistema y la igualdad de todos los españoles".

Argumentan que este punto contradice la Constitución, que establece que la gestión en el reconocimiento de prestaciones y otros actos instrumentales de Seguridad Social debe seguir criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional, basados en los principios de sostenibilidad y solidaridad financiera.

El sindicato advierte que permitir a las Comunidades Autónomas gestionar la facultad de reconocer pensiones y otras prestaciones sin someterse a criterios unificados a nivel nacional conduciría a la ruptura de la solidaridad y la igualdad en el sistema prestacional y del principio de unidad de caja del sistema de la Seguridad Social.

Asimismo, señalan que ceder otras competencias, como los actos de encuadramiento, afiliación, altas y bajas, y su control, así como el sistema de liquidación de las cuotas, abriría la puerta a la creación de regímenes propios de tutela para cada territorio y sus respectivos sectores empresariales. En este contexto, los inspectores de trabajo resaltan la importancia de que la gestión de la Seguridad Social siga siendo competencia del Estado, argumentando que esto garantiza la calidad y eficiencia del servicio a los ciudadanos, la unidad de función y actuación inspectora, así como la concepción única e integral del Sistema.

En palabras del sindicato, es "fundamental" que la gestión de la Seguridad Social permanezca dentro de las competencias del Estado, "para garantizar así los principios de calidad y eficiencia de la prestación del servicio a los ciudadanos", y para preservar la unidad de función y actuación inspectora, así como la concepción única e integral del Sistema. Además, subrayan que esta medida es esencial para la construcción y mantenimiento del Estado de Bienestar, destacando la importancia del sostenimiento y protección de este sistema que ha sido fruto de un esfuerzo colectivo a lo largo del tiempo.