La Comisión Europea ha recriminado este jueves a España que sea el único Estado miembro que aún no ha transpuesto plenamente la directiva comunitaria que regula el régimen del IVA para pequeñas y medianas empresas (pymes), una norma aprobada en 2020 y en vigor desde el año pasado. Esto ya fue denunciado recientemente por ATA, que instaba al Gobierno a cumplir con la directiva europea. Bruselas tiene abierto un procedimiento de infracción contra el Gobierno español que podría acabar en un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si persiste el incumplimiento.
La advertencia ha sido informada por una representante de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera durante una sesión de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en la que se debatía una reclamación presentada por un ciudadano español. El peticionario denuncia que la falta de adaptación de la normativa comunitaria vulnera los derechos de las pequeñas empresas nacionales que operan en otros países de la UE.
La directiva introduce un régimen de exención del IVA para pequeñas empresas que cumplen determinados requisitos, con el objetivo de facilitar su actividad y reducir las cargas administrativas en el mercado interior. Aunque los Estados miembros pueden decidir si aplican esta exención dentro de su propio territorio, están obligados a transponer las disposiciones que permiten a las pymes acogerse a este régimen cuando venden bienes o servicios en otros países de la Unión.
En este punto, la Comisión ha criticado que España haya manifestado que “no tiene intención” de extender el régimen en su ámbito interno, pero, al mismo tiempo, no haya adoptado las medidas necesarias para garantizar que las empresas españolas puedan beneficiarse de la exención en sus operaciones transfronterizas, una obligación que sí impone el derecho comunitario.
El incumplimiento de España podría acabar en el TJUE
Bruselas ha recordado que en 2025 envió una carta de emplazamiento al Ejecutivo español y, posteriormente, un dictamen motivado en julio de ese mismo año, al constatar que el país seguía sin transponer una parte esencial de la directiva. Aunque las autoridades españolas se comprometieron entonces a completar el proceso antes de finales de 2025, la Comisión asegura que, a día de hoy, no consta que se haya notificado el cumplimiento.
“Hay dos opciones posibles: cerrar el procedimiento de infracción o llevarlo ante el Tribunal de Justicia”, ha señalado la representante comunitaria, subrayando que la decisión final corresponde al Colegio de Comisarios.
Una desventaja para las pymes españolas
Durante el debate parlamentario, el reclamante advirtió de que esta situación está generando una desventaja competitiva para los pequeños negocios españoles que operan en otros países de la UE y pidió a Bruselas que “fuerce a España” a aplicar la directiva para que las pymes nacionales compitan “en las mismas condiciones” que el resto de empresas europeas.
Desde el Partido Popular, el eurodiputado Fernando Navarrete calificó de “evidente y flagrante” el perjuicio que provoca el retraso en la transposición y reclamó “la máxima firmeza” de la Comisión. Por su parte, la eurodiputada socialista Sandra Gómez recordó que la responsabilidad recae en el poder legislativo y explicó que la norma se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, donde ya ha superado el debate de totalidad y está pendiente de su votación en pleno antes de pasar al Senado.
Tras la sesión, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió mantener abierta la queja, a la espera de nueva información que permita evaluar los próximos pasos del Ejecutivo español y de la Comisión.