Golpe fiscal a la Iglesia católica en el objetivo del Gobierno de España de establecer, en la medida de lo posible, una paridad fiscal en el territorio nacional. En una decisión trascendental, el Gobierno español eliminará la exención que ha disfrutado durante años en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Esta medida, que entra en vigor hoy, viernes, es el resultado de un acuerdo histórico alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Conferencia Episcopal el pasado marzo.
La noticia se hará oficial a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y fue anunciada por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, durante su participación en un evento organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
El fin de la exención fiscal para la Iglesia Católica en España
El anuncio inicial estaba previsto para ser realizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, Montero canceló su participación en el evento a última hora debido a problemas de agenda y a las intensas negociaciones que el Gobierno lleva a cabo con los partidos independentistas catalanes para asegurar votos en la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez. La ausencia de Montero pone de manifiesto la complejidad y la importancia estratégica de las discusiones políticas en curso.
Jesús Gascón, en su intervención, explicó que la Iglesia católica será tratada fiscalmente en igualdad de condiciones que otras organizaciones con fines lucrativos en lo que respecta al ICIO, un impuesto municipal. Según estimaciones de Servimedia, esta eliminación de la exención fiscal tendrá un impacto económico significativo, calculado entre 12 y 14 millones de euros. Esta medida, que pone fin a una exención que ha estado vigente desde hace años, marca un cambio significativo en la política fiscal del país.
Para llevar a cabo esta modificación, el Gobierno derogará la orden ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda, la cual regulaba la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos. Esta acción refleja la determinación del Gobierno español y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el tratamiento fiscal de la Iglesia católica al de otras entidades sin ánimo de lucro, en consonancia con el principio de no privilegio y no discriminación.
Este cambio en la política fiscal representa un paso importante hacia la equidad y la transparencia en el sistema tributario español. Además, subraya la voluntad del Gobierno de abordar reformas significativas en el marco de las relaciones Iglesia-Estado y en la distribución equitativa de las responsabilidades fiscales en el país. La medida ha suscitado diversas reacciones y análisis por parte de expertos y sectores interesados, lo que indica la relevancia y el impacto de esta decisión en el panorama político y social de España.
Esta medida supone el fin de una exención fiscal que la Iglesia disfrutaba desde hace décadas y que derivan de los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Con este cambio, la Iglesia tendrá el mismo tratamiento que el resto de entidades sin ánimo de lucro en este tributo municipal, que se aplica cuando se realiza una obra que requiere licencia.
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