El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles un ambicioso programa integral destinado a incrementar el control sobre el fraude en las bajas laborales y a otorgar un papel más determinante a las mutuas en la revisión de las incapacidades temporales.
Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, que marca el ecuador de la XII Legislatura en la comunidad, el jefe del Ejecutivo autonómico ha situado la contención del absentismo laboral como una prioridad absoluta para la segunda mitad de su mandato. El plan pondrá especial atención en las dolencias musculoesqueléticas y en los procesos de la denominada "psiquiatría menor", áreas que concentran el mayor volumen de expedientes.
En un discurso, Rueda ha desgranado una hoja de ruta que abarca desde la sanidad y la vivienda hasta el impulso del empleo público y la política industrial. Sin embargo, el anuncio con mayor calado económico y laboral ha sido la reforma del sistema de incapacidades temporales, una respuesta directa a las reiteradas advertencias del tejido empresarial gallego. El presidente ha calificado la situación de "problema muy serio" y ha señalado que este fenómeno lastra la productividad del tejido productivo de toda España, con una incidencia de especial gravedad en el territorio gallego.
Para sustentar su diagnóstico, el mandatario ha expuesto ante el Parlamento de Galicia unas cifras elocuentes. Galicia es en la actualidad la segunda comunidad autónoma de España con mayor número de jornadas laborales perdidas por incapacidad y, del mismo modo, ocupa el segundo puesto nacional en cuanto a la duración media de estos procesos, que superan los 60 días por expediente. El coste de este absentismo, según los datos aportados por el Gobierno gallego, supera los 2.200 millones de euros anuales, lo que representa alrededor del 3% del producto interior bruto (PIB) de la comunidad. En términos diarios, el cálculo de la Xunta estima que 70.000 ciudadanos gallegos no acuden a su puesto de trabajo por encontrarse de baja médica.
Rueda ha afirmado que resulta "evidente" la existencia de circunstancias clínicas que justifican plenamente el derecho del trabajador a ausentarse, pero ha insistido en que el sistema actual presenta amplios márgenes de mejora. En este sentido, ha señalado la responsabilidad de la propia Administración pública para garantizar que "esté de baja quien realmente lo necesite" y asegurar que la reincorporación al mercado laboral se haga efectiva en el momento en que las condiciones médicas lo permitan.
Unidades específicas en atención primaria
El eje clínico de este futuro plan integral, según ha avanzado el presidente autonómico, consistirá en la creación de unidades especializadas enfocadas exclusivamente en la atención y fiscalización de las patologías musculoesqueléticas y psiquiátricas leves. La Xunta de Galicia no ha precisado todavía el detalle de la estructura organizativa ni el coste del despliegue de estas unidades, pero Rueda ha aclarado que funcionarán como un mecanismo de soporte y descarga para los médicos de familia del primer nivel asistencial (atención primaria), que en la actualidad asumen la práctica totalidad de la carga burocrática y clínica en la gestión de las bajas.
El objetivo de la medida es dotar al sistema público de salud de un seguimiento milimétrico sobre aquellas dolencias que tienen un mayor impacto estadístico, facilitando a los facultativos herramientas avanzadas de fiscalización. Rueda ha recordado que el Ejecutivo ya había implementado con anterioridad un programa preliminar de revisión que permitió auditar cerca de 130.000 expedientes. Dicho proceso, según ha indicado, derivó en el alta médica de 30.200 personas que "no debían seguir en esa situación". Tomando como base esta experiencia, el nuevo programa aspira a establecer mecanismos de revisión automatizados y más ágiles.
El nuevo papel de las mutuas
Alfonso Rueda ha explicado que, a partir de la implementación del plan, cuando una mutua formule una propuesta de alta que esté "lo suficientemente justificada", la inspección sanitaria del sistema público la ratificará y ordenará la incorporación inmediata del trabajador. Únicamente en los supuestos donde existan dudas clínicas razonables, la inspección citará al empleado para una valoración presencial antes de dirimir el expediente.
Con este procedimiento, la Administración gallega busca atajar los cuellos de botella burocráticos que cronifican las bajas por la lentitud en recabar pruebas o informes complementarios. Para acelerar este flujo, la Xunta tramitará una "autorización global" que eximirá a las mutuas de solicitar permiso individualizado para cada prueba diagnóstica o tratamiento rehabilitador.
La decisión altera el equilibrio tradicional entre el control del fraude y la potestad exclusiva de la sanidad pública para dirimir la salud de los trabajadores. Consciente de la previsible contestación social, Rueda ha asegurado que el plan será dialogado y consensuado con los sindicatos y la patronal, con el propósito de poder aplicarlo "a la mayor brevedad posible".
Defensa del funcionariado y empleo público
El titular de la Xunta ha avanzado que el Consello aprobará en las próximas semanas una nueva oferta de empleo público que agotará el límite máximo de la tasa de reposición impuesta por el Estado, lo que se traducirá en la convocatoria de más de 800 plazas en la Administración autonómica.
En este punto de su alocución, el dirigente ha lanzado un firme mensaje de protección hacia los técnicos y empleados públicos de la Xunta. Rueda ha censurado las "descalificaciones y acusaciones" que sufren estos profesionales cuando sus dictámenes no se ajustan a "determinadas posiciones políticas". Aunque ha evitado citar de forma explícita el controvertido proyecto de la fábrica de celulosa de la multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei (Lugo), el mensaje se ha interpretado como un blindaje a los técnicos de Medio Ambiente que evalúan la viabilidad de una instalación que ha generado una fuerte contestación ecologista y vecinal.
Capital gallego, innovación y sector primario
El discurso también ha abordado la transformación del tejido productivo. El presidente ha anunciado la inminente creación de la Fundación Galtia, un ente destinado a captar investigadores y retener el talento tecnológico. "El conocimiento no debe quedar atrapado en un laboratorio", ha afirmado, insistiendo en la necesidad de transferir el potencial científico de la comunidad a la economía real.
El sector primario, pilar histórico de la economía gallega, ha ocupado el tramo final del debate. Rueda ha garantizado la beligerancia de la Xunta frente a cualquier alteración del reglamento de la Ley de Costas que el Gobierno central intente colar "por la puerta de atrás", en defensa de las instalaciones del complejo mar-industria asentadas en el litoral. Asimismo, ante el riesgo de una caída del precio de la leche en origen, ha advertido de que la Comisión Galega da Competencia vigilará de cerca al sector lácteo y abrirá expedientes sancionadores ante cualquier irregularidad en la cadena de valor.
Finalmente, en una semana en la que la comunidad ya ha registrado incendios de envergadura, el líder gallego ha presentado el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga). Este operativo incrementará en un 70% la superficie de actuación preventiva respecto al ejercicio anterior y sumará 170 nuevos efectivos, duplicando la unidad de élite de la comunidad. El presidente ha cerrado su intervención con una nueva reclamación a Madrid, exigiendo la instalación definitiva de una base de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Galicia y recordando la necesidad de fraguar un pacto de Estado en materia forestal.