Derechos Sociales quiere que la ayuda por hijo se amplíe a 200 euros y se cobre hasta los 18 años

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha afirmado este lunes que la tramitación parlamentaria de la Ley de Familias no va a sufrir “retrasos” y que, junto a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, se va a hacer el “esfuerzo necesario para seguir el ejemplo del artículo 49 y reproducir esa misma lógica”. En este sentido, ha añadido que se va a “transformar, traducir en mayoría política y parlamentaria lo que ya es un amplísimo acuerdo social”. 

Así lo ha explicado en un desayuno organizado por Fórum Europa, donde también ha avanzado en la prestación universal por hijo a cargo que pretenden ampliar  través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Sobre esta, ha vuelto a reiterar que “no es aceptable” que la cuarta economía de la zona euro “tolere los índices de pobreza infantil que existen en España”, llamando a un “acuerdo unánime” de los poderes públicos para atender esta “emergencia de país”. 

Sin embargo, lo más relevante es que, según el ministro, la intención de Derechos Sociales es que la prestación universal por hijo a cargo cubra hasta los 18 años de edad y se amplíe a 200 euros al mes, por cada hijo o hija. Es la intención del ministerio, si bien, como ha agregado, es algo que “no está en el Acuerdo de Gobierno y estamos lejos de ese objetivo”. 

Lo que sí figura en la Ley de Familias, por primera vez, es la existencia de la prestación universal por hijo a cargo de entre 0 y 3 años y 100 euros al mes. Una prestación que, en la negociación de los PGE, sí ha planteado ampliar ya hasta los 6 años de edad que, aunque “insuficiente” es un “paso necesario para avanzar en esa dirección”. 

Los PGE también podrían acoger las medidas pendientes de los permisos

Asimismo, como ya se avanzó en la aprobación de la Ley de Familias, Pablo Bustinduy ha señalado que la negociación de los Presupuestos Generales del Estado también podría servir de “pista de aterrizaje” para aprobar las dos medidas pendientes en materia de permisos: la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor, de 16 a 20 semanas (es lo que se conoce como la baja de maternidad y paternidad) y la retribución parcial del permiso parental de 8 semanas, de las que se prevé que se remuneren cuatro.

Al respecto, ha añadido que “en esta legislatura el objetivo es llegar a cuatro de esas ocho semanas”, aunque también lo ve “insuficiente” dado que “una democracia avanzada, un país rico, debería tener permisos por nacimiento de 6 meses de duración y la remuneración completa del permiso parental de cuidados de 8 semanas”. 

Aumentar el presupuesto para dependencia

Sobre el modelo de cuidados, el ministro de Derechos Sociales también se ha comprometido a aumentar el presupuesto para dependencia hasta alcanzar la cifra del 50-50, esto es, que el sistema esté financiado a partes iguales entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado (AGE), lo que tendrá una “traslación directa en los PGE”.