El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez abordará un exhaustivo proceso de validación de los requisitos asociados a las ayudas por cese de actividad destinadas a un espectro de entre 100.000 y 150.000 trabajadores autónomos. Estos trabajadores se vieron afectados por la declaración del estado de alarma en respuesta a la pandemia global que azota al país.
En respuesta a una solicitud de información parlamentaria presentada por un grupo de diputados del Partido Popular, el Ejecutivo, según declaraciones recogidas por Europa Press, detalló la complejidad del escenario de emergencia que llevó a un reconocimiento provisional de la prestación extraordinaria por cese de actividad. Este reconocimiento preliminar fue llevado a cabo por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, organismos responsables de gestionar dicha prestación.
Es relevante destacar que este reconocimiento provisional fue el punto de partida para un proceso más extenso que implicaba la verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios. Desde el 1 de septiembre del presente año, las mutuas han iniciado el procedimiento de reconocimiento definitivo de las prestaciones de cese extraordinario.
“Insuficiencia documental” detectada
No obstante, durante este proceso, el Gobierno ha identificado un "pequeño porcentaje de prestaciones" que presenta "insuficiencia documental en la acreditación de los requisitos". Para abordar esta situación, se está solicitando información adicional directamente a los autónomos, con el fin de verificar de manera efectiva el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa y proceder al reconocimiento definitivo de la prestación.
En cuanto al alcance de este proceso, el Gobierno ha admitido que no puede cuantificar de manera exacta el número preciso de prestaciones afectadas por el trámite de audiencia. No obstante, se estima que entre 100.000 y 150.000 autónomos, representando aproximadamente del 6.5% al 10% del total de prestaciones reconocidas provisionalmente, podrían verse involucrados en este proceso de verificación más riguroso.
Si es mi caso, ¿tengo que devolver la prestación?
Es esencial subrayar que, según la respuesta oficial del Gobierno, el proceso de revisión de los requisitos "no implica la restitución de la prestación", sino que implica solicitar a los autónomos que demuestren el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la ayuda.
En la mayoría de los casos, una vez presentada la documentación y verificado el cumplimiento de los requisitos, se procederá al reconocimiento definitivo por parte de la mutua. No obstante, en los casos en los que no se acredite el cumplimiento de los requisitos, se iniciará el proceso de reclamación de la prestación. Se espera que el número de prestaciones denegadas sea "muy inferior" al de las prestaciones a las que se ha concedido el trámite de audiencia, ya que gran parte de estas revisiones se deben a defectos formales.
Hasta la fecha del 20 de octubre de 2023, se han gestionado un total de 456.998 prestaciones, lo que constituye el 31% del conjunto de ayudas concedidas. Dentro de este panorama, 439.915 autónomos han recibido el reconocimiento definitivo de la prestación, mientras que en 16.614 casos se ha otorgado el trámite de audiencia para verificar el cumplimiento de requisitos. En otros 469 casos, se ha denegado el derecho al reconocimiento de la prestación debido a la falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos.
Lo más leído
-
Todos los permisos retribuidos que podrás pedir en 2025 para faltar al trabajo: hay novedades
-
Una indigente que pedía en la puerta de un supermercado gastó un euro en un billete de Bonoloto y ganó un premio de más de 1 millón de euros
-
Una anciana se golpea con la puerta automática de un Mercadona y la justicia obliga a pagar una indemnización de 34.000 euros
-
Casa gratis, empleo fijo y sueldo superior a 1.600 euros: se buscan 99 personas en este pueblo con playa
-
Precio de la luz mañana, 27 de diciembre, por horas: cuándo es más barata y más cara
-
Una empleada que llevaba más de 30 años en El Corte Inglés es despedida sin indemnización por comer pasteles sin pagarlos: la justicia lo avala