Glovo elimina los ‘falsos autónomos’ y tendrá que hacer contrato de trabajo a los riders

La empresa de reparto de comida a domicilio Glovo ha anunciado que abandona el modelo de falsos autónomos. Entre otras cosas, porque ya suma una deuda a la Seguridad Social de más de 200 millones de euros en multas de Inspección y por cotizaciones impagadas, como ha adelantado El País. 

Cabe recordar que desde Europa ya se ha dado el visto bueno a la Ley Rider que protegerá a los falsos autónomos, como era el caso de los trabajadores de Glovo. Este cambio se produce un día antes de que el CEO de la emprsa tenga que declarar ante el juez por delitos contra los trabajadores.

Ahora, como reza un comunicado de la compañía serán trabajadores con un contrato de trabajo, sin ser autómomos. 

“El nuevo modelo mantendrá la experiencia de usuario”

En el comunicado, Glovo asegura que esta medida supondrá un impulso a un nuevo modelo en España, que permitirá “la operativa con repartidores laborales”. 

Destaca además que esta actuación es fruto de un compromiso firme con España y con la economía digital y que estos cambios de modelo laboral va a implantarse en todas las ciudades en las que Glovo está activo, que son más de 900. Y que se pondrá en marcha en todas las verticales de la aplicación (App).

Yolanda Díaz aplaude la decisión de Glovo

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado el cambio de modelo de Glovo, que tendrá que hacer contrato de trabajo a sus empleados, dejando de lado los 'falsos autónomos'.

Ha señalado que "ninguna tecnología puede imponerse a la democracia". Además, celebra que "la democracia haya ganado en nuestro país, y por fin Glovo va a regularizar a 60.000 repartidores en España".

Estas declaraciones las ha realizado la vicepresidenta segunda a los medios de comunicación antes de participar en la reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea (UE). Además, ha señalado que "se trata del movimiento afiliativo más importante de la historia de España realizado por la Inspección de Trabajo" cifrando el potencial de recaudación en 267 millones de euros, a lo que se suma "aparte, el coste de las sanciones".

"Lo importante es que por fin va a ser laborales estas personas en nuestro país", ha dicho la ministra que insiste en que "si este cambio es posible en España, también lo es en el resto del mundo".

Mesa de diálogo con los agentes sociales

Díaz ha explicado que la compañía abrirá ahora una mesa de diálogo con los agentes sociales gracias a la que se dotará al proceso de "todas las garantías" asegurando que este cambio se desarrolle con consenso. 

"Gana la democracia, se impone la Ley y creo que hacemos un país mejor". "El mensaje que manda España es claro, sí se puede tener trabajadores de reparto con derechos".