Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha valorado el plan del Ministerio de Trabajo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% si no tributa y un 4,7% tributando en 2026, como arriesgado para el futuro de 86.000 microempresas.
“Ahora mismo, los planteamientos que hay encima de la mesa equivalen más o menos al beneficio (…) que generan 86.000 microempresas en España. Ese sería el coste”, asegura la presidenta de la patronal en una entrevista con EFE. Para Ángela De Miguel, una empresa que no genere beneficios “tiene que cerrar”.
De Miguel cree que, a pesar de que el planteamiento actual no le parece adecuado, podría llegar a un acuerdo con el Gobierno pero sin restarle importancia a las empresas más pequeñas.
“Nosotros tenemos que defender a esas 86.000 microempresas que pueden desaparecer por el aumento de costes”, afirma la representante de las pymes.
Del 1,5% de las patronales al 7,5% que piden los sindicatos
Las cifras expuestas por el Gobierno han sido desarrolladas por la comisión de expertos encargada de dicha labor, con un 3,1 % o 4,7 % en función de si el SMI queda o no exento de pagar IRPF, que queda muy lejos del 1,5 % que proponen las patronales. Los sindicatos, por su parte, piden más de lo que propone el Gobierno, hasta un 7,5 %, considerando que el SMI pase a tributar.
La patronal de las pymes advierte de que el contexto regulatorio se ha endurecido notablemente en los últimos años, combinando aumentos de costes laborales, nuevas obligaciones administrativas y cambios normativos que, según sus cálculos, presionan especialmente a los negocios con dos o tres empleados. “La parte más débil de la cadena se está rompiendo y no lo está aguantando”, subrayó la presidenta de Cepyme.
Un tejido empresarial tensionado
España cuenta con más de 1,1 millones de microempresas, que representan una parte esencial del empleo y la actividad económica. De Miguel denuncia que medidas como la ampliación de permisos laborales, la obligatoriedad del registro horario o las exigencias en prevención de riesgos suponen un esfuerzo adicional difícil de asumir para compañías que “funcionan como una familia”.
Entre sus peticiones al Ejecutivo figura la aplicación del IVA franquiciado, que eximiría de determinadas obligaciones fiscales a quienes facturen menos de 85.000 euros al año, con el objetivo de reducir la carga burocrática.
Tensiones en el diálogo social
La organización también rechaza las acusaciones del Ministerio de Trabajo sobre un supuesto bloqueo en la negociación de varias reformas. De Miguel insistió en que «los empresarios no se han levantado de ninguna mesa» y defendió la voluntad de seguir trabajando “con propuestas y alegaciones”. No obstante, admitió que la actual situación podría afectar al diálogo bipartito con los sindicatos, especialmente a las conversaciones para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que expira este año.
Cepyme sostiene que la “hiperregulación” limita la capacidad de transformación de las empresas y reduce los márgenes para pactar mejoras laborales ajustadas a cada sector o territorio. En provincias como Huesca, ejemplifica De Miguel, el SMI ya supone el 82 % del salario medio, lo que deja sin espacio la negociación colectiva.
Un debate que se repite cada ejercicio
La fijación del salario mínimo se ha convertido en uno de los debates estructurales del mercado laboral español. Desde 2019, el SMI ha registrado crecimientos significativos, con el objetivo de aproximarse al umbral del 60 % del salario medio, tal como marca la Carta Social Europea. Los sindicatos consideran irrenunciable alcanzar ese objetivo, mientras que las organizaciones empresariales reclaman prudencia para evitar efectos adversos sobre el empleo, especialmente en sectores con baja productividad.
A falta de un acuerdo tripartito, el Gobierno tendrá que decidir si mantiene su propuesta inicial o ajusta el alza para evitar un nuevo choque con la patronal. Entre tanto, miles de pequeñas empresas afrontan la recta final del año con incertidumbre sobre sus costes laborales en 2026.