El Alto Tribunal asienta doctrina y obliga a devolver todas las cotizaciones pagadas desde que los médicos proponen la invalidez si la Administración la deniega por error.
El "complemento a mínimos" permite elevar el importe de las prestaciones más bajas hasta garantizar un umbral digno, siempre que los beneficiarios cumplan los nuevos límites de rentas fijados para 2026.
El Alto Tribunal establece que la obligación patronal de mejorar la prestación económica de la Seguridad Social se extingue al cumplirse el año de baja, al cesar el mecanismo de pago delegado y no existir norma legal que imponga su prórroga automática.
El modelo de Oslo asume que el Estado solo puede asegurar una cobertura básica y fía el mantenimiento del poder adquisitivo a la capitalización obligatoria de las empresas y al auge del "des-retiro".
La carta de la Seguridad Social informa de la aprobación de la subida de las pensiones, la cual será del 2,7% para la general, un 7% para las mínimas y para las mínimas con cargas familiares un 11,4%.
Al alcanzar los 365 días de incapacidad temporal, el INSS asume la competencia exclusiva sobre el proceso médico y suelen expirar las mejoras voluntarias que garantizaban el 100% del sueldo.
La Seguridad Social había denegado el grado de gran invalidez al considerar que el cuadro clínico del trabajador no suponía un empeoramiento que requiriera la ayuda de una tercera persona.
El tribunal explica que una prestación ya reconocida no puede verse afectada por requisitos legales posteriores, por lo que sí se puede cobrar ambas pensiones.
Pese a que el error administrativo fue imputable a la Seguridad Social, que tenía los datos y tardó casi 20 años en detectar la incompatibilidad, el Tribunal dictamina que la familia debe asumir los cuatro últimos años.
La trabajadora de Mercadona alegó que padecía un trastorno depresivo grave y fibromialgia, entre otras dolencias que anulaban su capacidad laboral, motivo por el cual el TSJ de Asturias ha ratificado la incapacidad permanente absoluta.
La justicia considera que la pérdida total del olfato, sumada a problemas lumbares y de ansiedad, hace imposible que el trabajador ejerza su profesión con seguridad al no poder detectar fugas de gas o humo, por lo que le reconocen la incapacidad permanente total con una base reguladora de 1.615,12 euros.
La Seguridad Social informa de una carta con el logo de la Tesorería General de la Seguridad Social está llegando a domicilios, pidiendo el DNI y los datos bancarios con la excusa de una supuesta subida de la pensión. Es falso y una estafa.
El Alto Tribunal explica que para acceder a la pensión, los días trabajados a tiempo parcial deben computarse como días completos, eliminando la penalización que sufrían estos trabajadores al calcular su periodo de carencia.
El Alto Tribunal ratifica que el plazo fijado en la resolución es un límite infranqueable para iniciar el expediente, protegiendo la seguridad jurídica del beneficiario.
El Boletín Oficial del Estado indica el 2026 con nuevas convocatorias de oposiciones para trabajar en la Administración como funcionario o personal laboral fijo.
El Consejo General del colectivo exige al Gobierno el cumplimiento del derecho a la desconexión digital ante la avalancha de notificaciones electrónicas en Nochebuena o Navidad.
Para una base reguladora de 1.500 euros la cuantía de pensión de jubilación irá desde los 750 euros y hasta los 1.500 euros al mes, en función de los años cotizados y siempre que se retire a la edad ordinaria de jubilación.
El país nórdico protege sus pensiones de jubilación con fondos que suman el 200% de su PIB y una tasa de actividad de los mayores que dobla a la española.
Al alcanzar los 545 días de incapacidad temporal, el contrato entra en una fase de suspensión administrativa mientras el INSS evalúa si el trabajador debe recibir el alta o una pensión por incapacidad permanente.
La carta de la Seguridad Social informará de la subida aprobada para las pensiones contributivas que será del 2,7% a excepción de las mínimas con cónyuge y las de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 11,4%.
Para el tribunal, la anulación total de su brazo dominante, sumada a una depresión severa e incontinencia urinaria grave, le hacía imposible realizar no solo su actividad laboral habitual sino cualquier tipo de trabajo.
La prestación llega a 2,44 millones de personas con una cuantía media de 483,1 euros; el 40,7% de los beneficiarios son menores y el 67,96% de titulares son mujeres.
Las jubilaciones anticipadas voluntarias conllevan recortes sobre la cuantía de la pensión en función de los meses adelantados, los cuales pueden llegar hasta el 21%. En el caso de que tras aplicar el recorte supere la pensión máxima la Seguridad Social aplicará un nuevo coeficiente reductor.
Para el TSJ de Cantabria, “incapacita física y psíquicamente a cualquier trabajador para asumir con sometimiento a horarios fijos y a rendimientos predeterminados”.
El Tribunal explica que lo determinante para aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación es la naturaleza penosa y peligrosa de la actividad aérea realizada, la cual es idéntica a la del sector privado, por lo que excluirle únicamente por tener un empleador público supondría una discriminación injustificada.
El Supremo explica que ignorar la "edad teórica" para calcular el acceso al complemento del 20% castiga injustificadamente al empleado de sectores penosos. Los años bonificados cuentan como edad real para acceder a la mejora, aunque el DNI diga lo contrario.
Este funcionario explica qué ocurre con la disposición transitoria 34 y por qué jubilarse de forma anticipada con bases altas será mucho más penalizador desde 2026.
Aunque la norma general fija el límite en los 21 o 25 años, la legislación permite mantener la prestación de forma vitalicia si el beneficiario acredita estar incapacitado para el trabajo antes del fallecimiento del progenitor o del vencimiento de la pensión.
El mayor sistema de previsión de la UE inicia una transición histórica hacia un modelo de aportación definida que vincula las prestaciones a los mercados, un contraste directo con la rigidez del esquema español de reparto
El complemento a mínimos ayuda a completar las pensiones que no alcanzan la cuantía mínima, pero superar el límite de ingresos puede provocar la retirada de este complemento y hacer que se cobre la cuantía que corresponda.
La AIReF calcula que en 2024 casi dos de cada tres hogares con derecho no lo pidieron y eleva la brecha al 85% en el complemento para la infancia, mientras reclama automatizar el acceso y rediseñar el incentivo al empleo.
La mujer formaba una unidad económica de convivencia con su esposo e hijo, cuyos ingresos conjuntos excedieron el tope legal, obligándola a reintegrar lo percibido en los últimos dos años.
Los desempleados que agoten su prestación por desempleo podrán acceder directamente al Ingreso Mínimo Vital, para evitar un vacío de ingresos tras el paro, cuyas cuantías han sido incrementadas a través del Real Decreto-ley 16/2025.
Las pensiones no contributivas de jubilación subirán un 11,4% en 2026, por lo que la cuantía mensual se situará entre los 628,8 euros y los 157,2 euros, en función de los ingresos.
El Tribunal Superior de Justicia ratifica el recorte de la base reguladora de un pensionista, explicando que la mera asistencia a cursos carece de la utilidad económica y la ajenidad necesarias para constituir una relación laboral válida, anulando así los periodos cotizados bajo esta modalidad fraudulenta.
El tribunal explica que "recibir formación sentado" no es trabajar y confirma que el pensionista carecía de una relación laboral real, obligando a recalcular su pensión a la baja por los periodos cotizados de forma ficticia.
La edad de jubilación se situará en los 66 años y 10 meses con la posibilidad de jubilarse a los 65 años si se cuenta como mínimo con 38 años y tres meses cotizados.
La Seguridad Social le denegó la pensión de jubilación, ya que a pesar de que tenía más de 15 años cotizados, no cumplía con la carencia específica, que se debía a larga interrupción en los últimos años de su vida laboral.
El complemento a mínimos garantiza que las pensiones de jubilación alcancen la cuantía mínima, en el caso de no cumplir con los requisitos esta puede ser retirada.
La nueva regulación refuerza los derechos laborales, fomenta la migración circular y garantiza alojamiento para los trabajadores contratados en origen.
El tribunal corrige a la Seguridad Social el no haber atendido a los informes de la sanidad pública que catalogaban al afectado como paciente de alto riesgo, por lo que tendrán que pagarle la incapacidad permanente con efectos retroactivos desde la fecha en la que se le denegó la prestación injustificadamente.
El Alto Tribunal unifica doctrina y exime a la Seguridad Social de abonar la prestación por incapacidad temporal durante la prórroga de efectos, recordando que la entidad colaboradora mantiene su responsabilidad de gestión y coste hasta la calificación final de la invalidez.
La Ley General de la Seguridad Social reconoce esta circunstancia como una "situación especial de incapacidad temporal" que cubre tanto la preparación médica como la cirugía, asumiendo el Estado el coste completo para proteger al donante altruista.
La organización denuncia la ausencia de mejoras en protección social, cotizaciones o fiscalidad, y exige un giro en las políticas para dignificar el trabajo autónomo.
Aunque no existiera una condena penal firme contra su exmarido, pudo cobrarla por haber sido víctima de violencia de género, considerando el Supremo que existían indicios suficientes.
El tribunal explica que cobrar la pensión completa de jubilación es incompatible con estar dado de alta en el RETA, incluso si no se realiza ninguna actividad, por lo que la justicia entiende que debe devolver el dinero de su pensión.
Aquellos hogares y unidades de convivencia que perciban esta prestación verán actualizadas sus cuantías a partir del 1 de enero, tal y como recoge el Real Decreto-ley 16/2025 publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El Alto Tribunal recuerda que el requisito de carencia para este subsidio no exige cotizaciones nuevas tras la incapacidad, sino que permite computar toda la vida laboral (incluida la anterior a la pensión) para acreditar el acceso futuro a la jubilación.
La pensión de jubilación media sube y llega a los 1.512,7 euros mensuales, mientras que la pensión de viudedad sigue contenida y se sitúa en los 937,6 euros al mes.
La pensión de viudedad con cargas familiares superará los 1.250 euros al mes tras la subida del 11,4%. La subida general del 2,7% se aplicará a todas las modalidades contributivas a partir del 1 de enero de 2026.