Una propietaria en Lyon (Francia) ha vivido una historia interminable para intentar recuperar su edificio okupado por un grupo de personas desde 2021. Es de esos casos que indignan a la mayoría, por dar la razón en parte a los okupas y por la dilatación en el tiempo que supone conseguir algo beneficioso para el propietario.
Aunque las autoridades ya habían fijado una fecha para el desalojo, el cierre anticipado del inmueble acabó volviéndose en su contra. El tribunal consideró que actuó de forma irregular y terminó condenándola a pagar una indemnización a los okupas. El caso ha abierto un debate legal que pone en duda hasta qué punto están protegidos los propietarios frente a la ocupación ilegal.
Todo comenzó en julio de 2021, cuando unas 20 personas entraron en un edificio situado en el distrito 9 de Lyon, según ha recogido el medio Isolr.fr. La entrada fue repentina y pilló desprevenida a la dueña del inmueble, que se vio obligada a iniciar acciones legales para recuperar su propiedad.
Un proceso de hasta 2 años para conseguir el desalojo
Sin embargo, el proceso judicial avanzó más lento de lo que la porpietaria hubiera querido. La conocida ley antiokupación francesa impone unos plazos exactos, a los que se sumó la suspensión de desahucios durante la tregua invernal, vigente entre noviembre y marzo. Así, el desalojo no pudo ejecutarse hasta el 31 de marzo de 2023. Mientras tanto, la propietaria tuvo que soportar el deterioro del edificio y costes adicionales durante casi dos años.
En enero de ese mismo año, y viendo que el final del proceso se acercaba, decidió cerrar la entrada del edificio para evitar nuevos accesos y preservar el inmueble. Una medida preventiva que, sin embargo, fue interpretada por dos de los ocupantes como un intento de desalojo encubierto. La normativa allí es clara y no es la primera vez que el propietario de un inmueble intenta recuperarlo o actuar sin seguir los procedimientos legales llevándose un revés judicial.
Después de varios juicios, los okupas se llevan una pequeña victoria
Tras el cierre del edificio, dos de los ocupantes decidieron llevar el caso a los tribunales. Alegaron que el procedimiento no se había hecho conforme a la ley y que se les había vulnerado el derecho al debido proceso.
El tribunal les dio parcialmente la razón. Consideró que el cierre del edificio no se había realizado siguiendo los pasos legales adecuados y condenó a la propietaria a pagar una indemnización de 2.000 euros a los okupas, además de 1.000 euros en costas judiciales. No obstante, no se les permitió volver al edificio, al entender que el riesgo de ocupación seguía presente.
La sentencia deja claro que, incluso en situaciones de ocupación ilegal, los procedimientos deben respetarse escrupulosamente. El fallo ha sido interpretado por algunos expertos como un aviso a los propietarios: actuar por su cuenta puede salir caro.
La propietaria pedía 512.000 euros por los daños
La propietaria no se quedó de brazos cruzados. Reclamó más de medio millón de euros, 512.000, por los daños ocasionados al inmueble durante la ocupación, además de 3.000 euros por lo que consideraba una estrategia dilatoria por parte de los okupas. Pero el tribunal rechazó ambas peticiones por falta de pruebas claras.
Este desenlace ha reavivado el debate sobre la protección legal de los propietarios frente a los ocupantes ilegales. Algunos colectivos denuncian que el sistema acaba trasladando la carga económica a las víctimas, mientras que otros apuntan a la necesidad de revisar los protocolos legales para que no haya vacíos normativos que perjudiquen a ninguna de las partes.
Desde varias asociaciones se insiste en la necesidad de establecer normas más claras y procedimientos más ágiles, tanto para evitar conflictos como para reducir los costes derivados de los procesos judiciales.
Cómo evitar errores legales cuando te han okupado la casa
A raíz de este caso, los expertos recomiendan a los propietarios actuar siempre con asesoramiento jurídico desde el primer momento. Cerraduras, precintos o medidas de seguridad deben tomarse con precaución, y siempre conforme a la ley.
Desde el sector inmobiliario y las asociaciones de propietarios se insiste en la importancia de contar con sistemas de monitorización, auditorías periódicas y protocolos claros para evitar intrusiones. Además, recuerdan que los ocupantes ilegales siguen sujetos a la legislación vigente, por lo que actuar dentro del marco legal es la mejor garantía de recuperar una vivienda ocupada sin añadir más complicaciones.
