Una mujer decide okupar la segunda residencia de un magistrado sin saberlo, algo que a la larga le iba a costar caro, ya que tuvo que enfrentarse con alguien que verdaderamente conoce la ley y que sabe cómo actuar sin caer en la precipitación de otros. Cuando la okupa pensaba que había encontrado un refugio temporal, solo se había metido en problemas. Ella no sabía que la casa pertenecía a un hombre de ley, que hizo valer rápidamente sus derechos, comenzando un procedimiento para expulsarla rápidamente.
Todo comenzó el pasado 3 de agosto, cuando Marion, de 39 años, forzó la persiana de la segunda vivienda de una familia (que probablemente usaban solo para vacaciones o eventualmente), tal y como recoge el medio francés maison-travaux.fr. Ella pensaba que la casa estaba desocupada pero se estaba equivocando: la propiedad pertenecía a un magistrado de Nimes (Francia).
Tras descubrir la okupación, el propietario reaccionó de inmediato comenzando las acciones legales e iniciando el procedimiento correspondiente para desalojar a la okupa. El resto del proceso se tramitó en los tribunales, siguiendo el reglamento al pie de la letra.
Recibió pena de cárcel y la posibilidad de llevar a su hija a un internado
El tribunal de Montpellier la condenó a seis meses de prisión, con la pena suspendida durante dos años y tratamiento médico obligatorio. Si cumple las condiciones, no entrará en la cárcel; si no, podría acabar ingresando. En ese caso, su hija de 17 años podría ser internada. La presión judicial añade tensión a una familia ya frágil.
En la vista del juzgado, la fiscalía reflejó un panorama complicado. “La señora es drogadicta”, recordó el fiscal. Marion consume cannabis y sigue siendo adicta a la heroína. Intentó suicidarse en abril. Una serie de factores que en su conjunto son bastante importantes para el caso, sin dejar de lado el delito en sí. La justicia tiene en cuenta su salud, pero ante todo protege los derechos de propiedad.
El propietario acoge a la okupa y su hija
En noviembre de 2023, en Saint-André-de-Sangonis, el propietario Christophe (con trastorno bipolar) accede a acoger a Marion y a su hija. Luego se suma la pareja de ella, con un perro, ocho gatos y un hurón. La buena intención choca con la realidad del día a día: el piso se queda pequeño, sube la tensión y el equilibrio familiar salta por los aires.
La convivencia resulta insoportable, ya que Christophe se siente aislado totalmente en su propia casa y como si no fuera él el propietario. Acaba yéndose a vivir con sus padres, pero sigue pagando el alquiler. Tras el desalojo, el piso aparece en un estado lamentable: heces en el suelo y las paredes, orina en la bañera. Los daños impresionan. Lo que empezó como apoyo termina en mal sabor de boca.
En el juicio, Marion reconoce los hechos: "Metí la pata, estaba pasando por un mal momento". También dice: "¡No soy una delincuente!". Los jueces la absuelven de okupación porque no lo era: la habían invitado a entrar. No hubo allanamiento de morada ni okupación en sentido penal. Aun así, se le prohíbe volver a la casa de Christophe. La ley pone ahí el límite.
Cuando hay invitación, no hay okupación (pero...)
La historia se repite con Clément: primero aloja a su pareja y, después, a toda la familia. De nuevo se produce una absolución por no haber allanamiento de morada. Se decreta una orden de alejamiento y prohibición de contacto. Clément da por terminada la convivencia en abril de 2025. Muchos hablan de ‘okupación’, pero legalmente no lo es si hubo consentimiento para entrar.
Ahora bien, en el despacho del magistrado la cosa cambia cuando se constata una persiana forzada: ahí ya hay violación de domicilio. El propietario, que conoce los trámites, se mueve rápido. Los prefectos disponen de vías ágiles para ordenar desahucios, incluso en segundas residencias. Es una línea de actuación que lleva años en marcha, acelerada desde 2007 y reforzada últimamente.
La llamada ley ‘antiokupación’ del 27 de julio de 2023 endurece las penas: hasta tres años de cárcel y 45.000 euros de multa. El famoso plazo de 45 días es un mito: si todo va rodado, los abogados hablan de resoluciones en unos diez días. Y no hay “tregua invernal” para los okupantes: los desahucios pueden ejecutarse en cualquier época del año.
Este caso ha dejado algo claro: Si alguien entra y se queda sin permiso en una casa, la respuesta de la ley es firme, con sanciones y desalojo rápido. Las medidas de cuidado valoran la fragilidad de la persona, pero no anulan los derechos de propiedad. Entre proteger la propiedad y atender las circunstancias vitales, la justicia va marcando el paso, caso a caso.
