Un juez avisa de cómo echar a los okupas de una vivienda sin caer en un delito

Una de las mayores preguntas que se hacen los propietarios de una vivienda es la de: ¿Por qué no puedo echar al okupa de mi casa? Ante esta problemática, la mayoría de ellos acuden a la justicia para ver qué pueden hacer de forma legal. Consciente de esta necesidad, un magistrado del Tribunal Supremo ha dado la clave para expulsar de forma rápida a los okupas sin incurrir en un delito, como se muestra más adelante.

Estos ocupantes ilegales de vivienda se saben “la ley al dedillo” y conocen todos los trucos para introducirse y vivir en una vivienda sin que puedan ser expulsados. No obstante, siempre hay vías legales que se les escapan y por las que un juez puede ordenar la desokupación de esa casa o piso, como las que ha explicado el magistrado Vicente Magro en una entrevista en EsRadio. 

Desde la esfera más baja hasta la más alta de la sociedad, España es consciente de que el país está afrontando un problema grave con la vivienda por el elevado precio del alquiler y la imposibilidad de muchos ciudadanos de afrontar el gasto mensual de una hipoteca. “La Ley de vivienda ha perdido una tremenda oportunidad de resolver un problema que curiosamente solo tenemos en España dentro del entorno europeo”, expone Magro.

¿Cómo poder echar a un okupa de una vivienda sin cometer un delito?

Dentro de su libro, este juez da las claves de cómo echar a un “inquiokupa”. Estas son las personas a las que se les alquila un piso y dejan de pagar sin abandonar el inmueble. Esta actividad no está tipificada como ocupación como tal, sino como un impago de la renta del alquiler, por lo que se puede solventar a través de la legislación por la vía civil.

Para que este proceso no se alargue en el tiempo (puede durar años), lo ideal es llevar el caso por la vía penal directamente. Así, se permitiría solicitar medidas cautelares, como la expulsión inmediata de los inquilinos que no pagan. En palabras del magistrado: “Si yo a una persona le pago la fianza, el primer mes y el segundo dejó de pagar, desde mi punto de vista es una estafa”. A lo que añade que: “Cuando al momento de contratar tengo ya la intención de incumplir, es una estafa”.

¿Por qué los procesos de desokupación son tan lentos?

Uno de los aspectos que el juez destaca como responsables de la lentitud en los procesos de denuncia por okupación es el uso de informes de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales. Según Magro, este es un punto que debería analizarse con mayor detenimiento. "La ley debería establecer un mecanismo de verificación y no asumirlo automáticamente", señala el magistrado, quien también menciona que muchos propietarios se quejan de que los Servicios Sociales otorgan la vulnerabilidad sin realizar comprobaciones físicas ni otras verificaciones, en ocasiones por teléfono.

"Por esta razón, numerosos juristas estamos solicitando una Ley Integral sobre la okupación, que ofrezca una solución a estos problemas. Esto es lo que se espera en un Estado de derecho y lo que aporta seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a los profesionales del ámbito legal", añade el experto.