El acceso a la vivienda en España se ha convertido en un laberinto sin salida para miles de ciudadanos, pero el drama se agudiza cuando golpea a la tercera edad. Jubilados con pensiones que antaño garantizaban una vejez tranquila se ven ahora empujados a la exclusión social por la burbuja del alquiler y la rigidez administrativa. Si algunos se ven relegados a compartir piso, otros se enfrentan a desahucios, como Paca Blanco.
A sus 77 años, esta histórica activista antidesahucios se ha convertido, paradójicamente, en víctima del sistema que lleva décadas denunciando. Paca reside en un piso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, pero el próximo 23 de febrero se enfrenta a una orden de lanzamiento. Su delito, según la administración, es ocupar sin título la casa que su hijo dejó vacía al emigrar. Sin embargo, ella defiende que lleva más de una década siendo la legítima moradora.
La batalla burocrática: 155 fotocopias y un padrón ignorado
Frente a la acusación de ocupación irregular, Paca cuenta con pruebas documentales que acreditan su estancia y voluntad de pago. La afectada asegura que lleva censada en esa dirección desde 2014, lo que demuestra su arraigo en el inmueble durante los últimos doce años.
Además, denuncia la inacción de la administración ante sus intentos de regularizar la situación. “Le llevé el otro día unas 155 fotocopias a Alejandra de todos los recursos y veces que he pedido que me cobren el alquiler”, explica Blanco en el diario Público. A pesar de su insistencia por pagar una renta social acorde a sus ingresos, la respuesta ha sido el silencio administrativo y, finalmente, la orden de desahucio.
Una pensión de 1.200 euros insuficiente para el mercado libre
Pese a contar con una pensión de 1.200 euros, cifra superior al Salario Mínimo Interprofesional, el mercado inmobiliario de la capital hace inviable que Paca acceda a un alquiler libre. “Aunque una persona trabaje o tenga una pensión, no puede pagar una vivienda. Si ganas 1.200 euros, es imposible pagar 1.000 de alquiler”, lamenta.
La solución que le ofrecen desde los servicios sociales ha encendido su indignación: ingresar en una residencia de monjas. Una propuesta que Paca rechaza de plano, no solo por perder su autonomía, sino por el trauma que le supone volver a una institución religiosa.
“Odio visceral a la pobreza”: el fantasma del Patronato
La negativa de Paca a la residencia tiene una raíz profunda en su pasado. Durante su juventud, sufrió la represión del Patronato de Protección a la Mujer, institución franquista diseñada para encauzar a las jóvenes bajo la moral nacionalcatólica. “Era un sistema represivo. Me he fugado de todos los sitios donde he estado”, relata en otra entrevista a Informativos Telecinco, recordando el miedo que sentía de niña a acabar “con las monjas”.
Su vida ha sido una constante huida hacia adelante: escapó de la violencia machista para criar sola a cinco hijos trabajando “como una burra” y tuvo que dejar Extremadura por su activismo contra el complejo de Isla de Valdecañas. Ahora, ante la amenaza del 23F, Paca se mantiene firme en su vivienda: “No me voy a ir. Me van a sacar”.
