Recibir una casa en herencia puede suponer un desahogo económico por las posibilidades que ofrece a la hora de venderla o alquilarla. Y justo esta alternativa es la que tomó una jubilada de 78 años que alquilaba una vivienda que heredó de su padre para completar los ingresos de su pensión, que apenas llega a 1.000 euros. Pero esta tranquilidad económica se ha visto truncada después de que el piso haya sido okupado por una familia vulnerable y tras 18 meses no consigue recuperarlo.
Según la información publicada en el medio francés ‘Le Figaro’, ella heredó de su padre en 1998 un piso de cinco habitaciones en Nantes. Ese apartamento era su principal fuente de ingresos, ya que la pensión que recibe no llega a los 1.000 euros mensuales. Alquilar la vivienda era su única manera de llegar a fin de mes. Pero todo cambió cuando su salud se resintió y tuvo que suspender el alquiler de forma temporal para recuperarse.
Fue entonces, una vez que el piso se quedó vació, cuando comenzó el problema con la okupación. “Fue por casualidad que descubrió que su casa estaba siendo okupada”, explicaba su hija en una entrevista en Presse Océan. El administrador de fincas la llamó para avisar de una fuga de agua, pero las malas noticias para la anciana fueron sobre porque el piso, supuestamente vacío y protegido con un código digital, estaba habitado por una familia de okupas.
La familia de okupas se considera vulnerable y tras 18 meses siguen en la vivienda
Tras enterarse de la noticia de la okupación, empezó el proceso legal para poder desalojar a la familia de okupas que se está alargando.
Su hija, que es quien está haciendo todos los trámites, explicó: “contactamos con la prefectura en la primavera de 2024 para solicitar el desalojo de los okupas”. Pero la respuesta de la administración fue que el desalojo estaba paralizado porque la familia se considera “vulnerable”.
El tribunal lo deja claro en la sentencia:
“La ejecución de la orden impugnada tendrá como consecuencia privar a los demandantes de cualquier tipo de alojamiento, siendo así que MF es padre de dos niños de tan solo uno y dos años, y los interesados sostienen, sin que se les haya refutado a falta de aportaciones de la autoridad prefectoral, que no tienen ninguna solución de alojamiento, a pesar de sus llamadas al 115, lo que agrava la precariedad de la situación de las familias”.
La anciana debe hacer frente a los gastos de la familia con su pensión de 1.000 euros
Mientras tanto, la propietaria debe afrontar todos los gastos de la vivienda que okupa la familia, con su escasa pensión, lo que está provocando que se haya incluso retrasado en el pago del impuesto de la vivienda. Su hija explica que aunque es consciente de la situación de desamparo que tienen las familias vulnerables, “lamenta que su madre, privada de 1.000 euros de alquiler al mes, tenga que pagar, además de las cuotas de comunidad, el consumo de agua de quienes okupan ilegalmente una propiedad privada”.
“Me quedé muy impactada al ver la decisión. Al final, la única opción es recurrir ante el tribunal para solicitar el desalojo de las personas, con el pago de las costas legales”, lamenta.
Un caso que ha despertado el debate
El caso ha levantado un debate político y social en Nantes. Hay asociaciones apoyando a los okupas, concejales denunciando la inacción, y un ayuntamiento que, según la teniente de alcalde, quiere “trabajar para que ambas situaciones se tengan en cuenta con la mayor rapidez”.
Por su parte, la prefectura estudia “la posibilidad de adoptar una nueva medida administrativa y, en cualquier caso, buscar una solución de alojamiento para los ocupantes, de modo que se pueda desalojar la vivienda”
Pero mientras todo esto ocurre, la realidad es que la anciana sigue fuera de su casa, con 78 años y una pensión mínima, pagando todos los gastos, mientras su único patrimonio sigue okupado.
