El Gobierno ha dado un nuevo paso en su lucha contra quienes se lucran con las necesidades de los inmigrantes. Según una respuesta parlamentaria ofrecida a Europa Press, 124 personas han sido detenidas por su presunta implicación en la venta ilegal de citas para trámites de extranjería.
No es una práctica nueva. Abogados y gestores llevan tiempo denunciando que las citas previas online para extranjería están controladas por mafias. Delincuentes con escasos escrúpulos que se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente, de migrantes que necesitan la documentación y se ven abocados a pagar para acelerar un trámite que, en teoría, es gratuito.
Este tipo de delito, que hasta ahora había quedado en los márgenes del interés público, ha tomado relevancia por su dimensión y por las víctimas que deja en su estela. Para este último caso, el Ejecutivo afirma que estas operaciones las realizaban “miembros de distintos grupos dedicados a esta modalidad delictiva”.
El fraude se basa en algo sencillo pero pernicioso: acaparar citas oficiales (gratuitas y reguladas) y luego venderlas. Muchos afectados provienen de comunidades vulnerables que dependen de esos trámites para mantener su situación legal, renovar permisos o iniciar procesos de asilo.
En su respuesta oficial ofrecida a Europa Press, el Gobierno señala que se están usando medidas como certificados digitales o sistemas de video-identificación para dificultar esas redes.
Bots y bloqueos, la nueva herramienta de las mafias para vender citas de extranjería
Aunque no es el único método. De hecho, los mafiosos se están profesionalizando cada vez más. Y es que para lograr las citas, llegan a utilizar bloqueos mediante ‘bots’, los programas informáticos que imitan el comportamiento humano, en servidores informáticos de la Administración.
También desde el Gobierno se ha subrayado que la UCRIF, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, ha tenido un papel activo en las operaciones contra estas mafias
Se mencionan cuatro operaciones principales: dos en Cáceres y otras dos en Valencia, aunque la lucha no se ve limitada a esas provincias. Las fuerzas policiales actúan incluso de oficio, sin necesidad de denuncias, para tratar de identificar a los implicados.
Las víctimas llegan a pagar hasta 500 euros por un trámite gratuito
Detrás de los números hay historias de personas que, ante la imposibilidad de conseguir cita por los medios oficiales, recurren a terceros. En muchos casos, las víctimas pagan sumas que oscilan entre los 100 y los 500 euros para el trámite que debería ser gratuito.
Incluso, como ya desvelara ‘El País’, son muchos solicitantes de asilo los que acaban pagando a intermediarios porque no logran renovar sus documentos legales. En esos casos, la prisa por no perder derechos laborales, contratos o estatus legal los vuelve vulnerables al engaño.
Ya se han desarticulado redes similares en el pasado. En Valencia, por ejemplo, se arrestó este mes de septiembre a un grupo que operaba con ‘bots’ para monopolizar citas y luego vendérselas a personas que las necesitaban con urgencia. También en Málaga, donde dos personas fueron detenidas porque ofrecían citas falsas por hasta 300 euros.
En operaciones similares se descubrió que los detenidos actuaban como intermediarios. Primero captaban a las víctimas y les facilitaban un número de teléfono. Después, a través de mensajería instantánea y canales como Telegram, concretaban el pago y la fecha de la supuesta cita. El dinero se transfería a una cuenta bancaria y, tras el cobro, los afectados recibían una falsa confirmación. Al acudir a las oficinas de extranjería comprobaban que esas citas nunca habían existido.
