Un nuevo juicio favorece a los okupas y deja en el aire la seguridad jurídica de los propietarios, provocando nuevas dudas entre la ley de propiedad y la okupación ilegal. Cuando ganan los okupantes, la emoción se impone a la razón. Sin embargo, la justicia decide según las reglas, no por indignación. Un nuevo ejemplo de cómo un error procesal puede ser costoso para unos propietarios. El caso sigue la ley, pero siembra dudas al respecto.
Todo ocurrió en julio de 2021, cuando una casa en el distrito 9 de Lyon (Francia) fue ocupada. Hasta 20 okupantes ocuparon el inmueble sin título ni contrato de arrendamiento. La propietaria descubrió que estaban allí de forma ilegal y decidió actuar. Rápidamente avisó a sus asesores e inició los trámites para recuperar su propiedad.
Los retrasos legales consolidan la ocupación ilegal
La respuesta contra los okupas se organiza, cada paso requiere una precisión ardua, pero los retrasos legales hacen que se alargue demasiado. La tregua invernal suspende los desahucios entre noviembre y finales de marzo. Este periodo protege a los ocupantes indocumentados, a pesar de la ocupación ilegal. El calendario alarga la espera y debilita la estrategia. En ocasiones, aparecen contratos de energía, o incluso subarrendamientos ilegales.
A toda la espera legal hay que sumar los gastos, que empiezan a estresar al propietario, además de perder la posibilidad de alquilar el inmueble y la nula capacidad de obtener ingresos por él. Las facturas se acumulan, pero cada paso en falso en el procedimiento amenaza el futuro. A veces surgen tensiones, con solidaridad espontánea. El acceso sigue siendo limitado, la seguridad es frágil y las compañías de seguros dudan. Sin una decisión de desalojo, cualquier acción precipitada podría conllevar un litigio inmediato.
Un error de procedimiento favorece a los okupantes
Tras meses de espera, la propietaria aspira a un desalojo regular. Sabe que la tregua invernal termina el 31 de marzo de 2023. Sin embargo, en enero, cierra la entrada principal mientras los ocupantes están fuera. Esta medida, destinada a brindar seguridad, traspasa una línea roja procesal. Se convertirá en el punto central de ataque del caso.
Dos demandantes alegan la violación de sus derechos. Llevan el asunto ante el Tribunal de Distrito de Lyon y solicitan una indemnización. La demanda exige la restitución del inmueble, así como una indemnización por daños y perjuicios. El debate pasa entonces del fondo a la forma. La supuesta irregularidad prevalece sobre la aparente legitimidad.
El juez confirmó el incumplimiento y reiteró la jerarquía procesal. Hasta en caso de que los ocupantes ilegales fueran indocumentados, seguirán conservando sus derechos durante un desalojo. La lección sigue siendo clara, aunque frustrante para los propietarios. La forma determina la fuerza de la ejecución. La elusión precipitada expone a sanciones y debilita cualquier estrategia.
La sentencia cuantifica la indemnización y desestima varias pretensiones
A principios de 2024, se dictó la sentencia, sorprendiendo a muchos observadores. El tribunal declaró a la propietaria culpable de irregularidades procesales. Se le condenó a pagar 2.000 euros en concepto de daños y perjuicios a los dos demandantes, así como 1.000 € en concepto de costas judiciales. El mensaje parecía duro, pero se ajustaba a la ley.
Estas reclamaciones no sirvieron de nada. Exigía 512.000 euros para rehabilitar el edificio y 3.000 euros por procedimientos abusivos. El tribunal rechazó estas sumas por falta de fundamento suficiente. Los jueces defendieron que la cadena de actuaciones debe respetar un protocolo estricto. La aparente legitimidad nunca compensa un defecto formal.
Sin embargo, los solicitantes no regresaron al inmueble. Los tribunales desestimaron explícitamente esta solicitud, evitando caer en el absurdo. Los propietarios lo consideraron un pequeño respiro. Esto no hizo más que reavivar el debate entre los derechos de los inquilinos y el de los propietarios. En el centro, los okupantes se convirtieron en el símbolo de un sistema percibido como paradójico.
Este caso enseña a tener calma y cautela legal
El camino a seguir sigue siendo claro y exigente. Respetar escrupulosamente los procedimientos legales protege, incluso cuando hay ocupantes ilegales. La ayuda de un abogado y un alguacil pueden ser determinantes en casos así, además de comunicar rápidamente sobre lo que ocurre, ya que esto limita los riesgos.
Documentar cada paso, alinear los plazos con los descansos de invierno en los desahucios y evitar el cierre unilateral pueden marcar que la estrategia para echar a los okupas termine bien. Es mejor tener un protocolo estricto que actuar en caliente y de forma desesperada.
