Los propietarios de las viviendas con okupas podrán cortar los suministros sin que se considere delito de coacciones en caso de que salga adelante la propuesta del Partido Popular (PP) que se tramitará en el Senado. El partido de Núñez Feijóo busca que se modifique el código penal para que dejar a los okupas sin luz, agua o gas sea posible sin que por ello se caiga en coacciones. La iniciativa saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta que el Partido Popular tiene en la Cámara Alta.
Ahora la proposición de Ley debe pasar al Congreso de los Diputados que la puede rechazar o aprobar para que continúen sus trámites en el Senado. Lo que proponen los populares es que se cambie el Código Penal para añadir un párrafo nuevo al artículo 172.1 en el que se habla de las ocupaciones ilegales, donde se recoja que la interrupción de suministros en una casa ocupada ilegalmente “en ningún caso puede considerarse como delito de coacciones”.
“Una agresión ilegítima contra el derecho de la propiedad”
A juicio del senador del PP Lucas Castillo, lo que está haciendo el Gobierno es negar que existe un problema “grave” que es el de las casas ocupadas ilegalmente, asegurando que muchos vecinos conviven a diario junto a pisos tomados por mafias.
Además, no existe un problema de la vivienda que justifique esta presencia de okupas, sino que se trata más bien de una “agresión ilegítima contra el derecho de la propiedad”. En 2024 se contabilizaron en España 16.400 casos de usurpación y allanamiento de morada, 7,4% más que el año anterior y Cataluña acapara el 42% del total.
A modo de justificación, se ha basado en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que justifica el hecho de cortar agua, luz y gas a los inquilinos que no pagan el alquiler y se convierten en okupas.
El Congreso tiene “bloqueada” una propuesta de su grupo contra la ocupación ilegal de viviendas
Castillo ha recordado que en el Congreso de los Diputados está “bloqueada” una propuesta de su grupo para una ley contra la ocupación ilegal de vivienda, lo que supone un “secuestro” sin precedentes con 66 prórrogas en el plazo de enmiendas.
Algunos de los portavoces, como publica EFE, se han opuesto a la iniciativa y además han aportado datos que reflejan que la okupación de casas no es un problema importante. El senador del PNV Igotz López y el de Bildu, Josu Estarrona, han matizado que sólo afecta al 0,06% del total de viviendas en España.
Por su parte, el PSOE por medio de Inmaculada Sánchez, ha visto detrás de la propuesta del PP una preocupación porque Vox “le come la tostada” y por eso están presentando estas propuestas para “ganar un espacio que cada vez es más pequeño”. Les acusa de “alertar el miedo y cebar y engordar al monstruo de la ultraderecha, que se alimenta de ese miedo”.
