El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado este martes la negativa del Partido Popular a negociar el decreto ley sobre vivienda que incluye medidas como la prohibición de desahucios y la prórroga de los alquileres.
Bustinduy advirtió, según recogen desde Europa Press de que, si los ‘populares’ votan en contra, “pagarán un precio político altísimo”, en un contexto de crisis habitacional que afecta a millones de inquilinos en España.
El texto fue aprobado en el Consejo de Ministros a iniciativa del socio minoritario del Ejecutivo, con el objetivo de intervenir el mercado de la vivienda y paliar la crisis habitacional. Como ocurre con este tipo de normas, el decreto ley entró en vigor tras su aprobación, aunque deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo de treinta días.
En este escenario, Sumar emplazó a los grupos parlamentarios, incluido el PP, a negociar su contenido. Sin embargo, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha rechazado participar al considerar que el decreto “no ofrece soluciones realistas”.
Críticas a la postura del Partido Popular
El ministro ha criticiado la respuesta del PP a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que la solución que plantea esta formación ante la crisis de la vivienda “siempre es la misma”, que, a su juicio, consiste en “no hacer nada”.
El ministro insiste en que el voto en contra de la prórroga de los alquileres tendría consecuencias políticas, y recuerda que afecta a un amplio número de ciudadanos: “Entre los 2,6 millones de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes”.
Fuentes del grupo plurinacional han respaldado las críticas de Bustinduy y reprochan que el PP “sólo habla con fondos internacionales y especuladores” en materia de vivienda. Además, señalaron que la formación podría estar ignorando a parte de su electorado, al afirmar que “se debe de creer que no ha votantes del PP que pagan alquiler”.
Estas mismas fuentes recordaron la situación de muchas familias que atraviesan dificultades económicas, al señalar que hay hogares “ahogadas” por el pago del alquiler, en un contexto de aumento de precios y acceso limitado a la vivienda.
