La Asociación de Fiscales (AF) ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales” después de que en una entrevista concedida a El País asegurase que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es “inocente”.
Para el colectivo de fiscales, estas palabras son una “injerencia en la función de juzgar” que corresponde sólo al tribunal Supremo (TS) ante el que García Ortiz está siendo juzgado por un supuesto delito de revelación de secretos, al filtrar datos confidenciales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
“Pretender usurpar esas funciones no se compadece con los principios constitucionales que rigen el Estado de derecho y pretende presionar u deslegitimar a los tribunales” ha señalado la AF en un comunicado que han hecho público este fin de semana y que ha recogido Europa Press.
Así, la asociación ha pedido al presidente del Gobierno y a las instituciones que representa a actuar con “neutralidad” y “respetar entre sí a los ciudadanos a los que se debe”.
Tensión entre el Gobierno y la judicatura
Este pronunciamiento se ha producido en la fase final del juicio que se está celebrando en el TS contra el fiscal general, acusado de filtrar datos confidenciales de la pareja de Ayuso. El proceso ya ha sobrepasado el ecuador, con la mayoría de los testigos declarando a favor del fiscal general. El propio querellante le responsabilizó de “haberlo matado públicamente”.
Las declaraciones de Sánchez, en una entrevista que se ha publicado este fin de semana se producen en un contexto de tensión entre el Gobierno y los jueces, tras varios encontronazos producidos por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las investigaciones abiertas por la Fiscalía.
Fuentes del entorno de García Ortiz afirman que el fiscal general mantiene una confianza “plena” en la independencia del tribunal y que no tendrá en cuenta las declaraciones del presidente por “respeto al proceso en curso”.
La Asociación de Fiscales ya había expresado en anteriores ocasiones su malestar por lo que considera “intervenciones políticas inapropiadas” en asuntos judiciales. En su comunicado, insiste en que la defensa del Estado de derecho exige “prudencia institucional y respeto a la separación de poderes”.
