Interinos: esta es la fecha en la que el Gobierno los hará fijos

El Gobierno de España ya tiene fecha para convertir en funcionarios fijos a 300.000 interinos de larga duración de la Administración General del Estado (AGE). “Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público aprobando las OEP (ofertas de empleo público) de estabilización de empleo temporal antes del 1 de junio de 2022”, confirmó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Un paso más, y casi definitivo, en su firme intención de acabar con los contratos temporales en nuestro país, un problema endémico que ha provocado los sucesivos toques de atención de la Comisión Europea. El proyecto de ley, que enfila su etapa final para salir a la luz y cuenta con ERC y PNC como principales promotores, establece la convocatoria de esos puestos de trabajo, una vez reciban luz verde en Consejo de Ministros, antes de 2024.

“Necesitamos trabajar e imprimir el ritmo necesario para lograrlo”, afirmó Montero durante su intervención de este jueves en el Congreso de los Diputados, en la que repitió sucesivamente que la obsesión del Ejecutivo es reducir la tasa de temporalidad nacional del 30% actual, muy por encima de la media de la eurozona (17%), por debajo del 8%.

Una medida “conforme a las decisiones judiciales”

Montero también ha querido rebatir directamente a la Abogacía del Estado, que insistió en adjetivar de “inconstitucional” la medida. “Es razonable y va en línea de las decisiones judiciales”, se ha encargado de argumentar la ministra de Hacienda y Función Pública.

Concretamente respecto a la propuesta de que los trabajadores interinos que enlacen cinco años consecutivos en una misma plaza puedan optar a ella de forma fija automáticamente. Es decir, únicamente mediante concurso de méritos y no por concurso oposición, como dicta la normativa laboral actual.

La “conflictividad” de delegar en las autonomías a los interinos

Las Comunidades Autónomas serán las que apliquen los requisitos que consideren oportunos en el proceso, según establece el borrador del texto. Hecho que puede generar una “enorme conflictividad”, tal y como ha calificado la oposición, tratando de aventurar el riesgo al que se expone el derecho de igualdad al acceso de una plaza pública en las distintas autonomías.

“Algunas pueden ser menos exigentes, otras pueden poner como requisito conocer la lengua co-oficial, valores que pueden perjudicar y excluir a los interinos de otras regiones”, son algunos de los criterios que mencionan, “contrarios a las condiciones constitucionales de condiciones de igualdad en el acceso a la función pública”.

La tasa de reposición, anulada de facto

Una de las novedades de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 fue el aumento de la tasa de reposición, como se conoce al indicador que mide el porcentaje de vacantes en el empleo público. Esta pasaría a ser del 110% en general. Es decir, cada 100 bajas se cubrirían con 110 nuevas altas. Concretamente, del 120% en puestos estructurales y del 125% para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para la Administración local.

Sin embargo, este real decreto anularía a la hora de la práctica la tasa de reposición. Esta se tendría que adaptar al volumen de plazas y ofertas de empleo público, y no al contrario, por el hecho de que la convocatoria de las plazas deba realizarse con tres años de antelación a su ocupación temporal.