El caso de Canet de Mar, en el que un encarnecido debate político que incluso amenaza con trascender la verbalidad contra una familia que solicitó el 25% de las clases en castellano para su hijo, es solo la punta del iceberg de la espinosa cuestión de la inmersión lingüística en Cataluña.
La decisión del Tribunal Supremo de obligar a los centros educativos de la Generalitat a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano ha activado el escenario político. Para adaptarse a la decisión, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, han revelado este jueves las medidas que tratarán de evitar el aumento de las horas en castellano. O, al menos, camuflarlo.
Destaca por encima de todas la que contempla la existencia de dos profesores simultáneos en las aulas que estén obligadas a impartir el castellano. Así, existirá uno que impartirá docencia en esta lengua, y el otro, para aquellos alumnos que quieren continuar haciéndolo en catalán. Una argucia con disfraz de medida, que según González-Cambray, no confronta con la sentencia del Tribunal Supremo.
Una docencia “más personalizada”
En la reunión en la que se ha mantenido en el Palau de la Generalitat se ha dado el visto bueno a implantarlas mediante decreto. A la misma, además de Aragonés y González Cambray, de Esquerra Republicana, y de Ricardo Font, de Junts, socio de coalición, han estado presentes más de 40 organizaciones educativas catalanas. También los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, el Centro UNESCO de Cataluña, o entidades del nacionalismo catalán como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Plataforma per la Llengua.
Por el momento, solo se conoce el qué de la medida y el por qué, garantizar una docencia “más personalizada” a los alumnos que opten por el castellano. Pero no el cómo, el protocolo de actuación. Sí que se conoce que las competencias serán delegadas en cada centro para que aplique la estrategia del ‘binomio docente’ como más convenga. También, que se contratarán a 35 maestros. Uno por cada caso que posee una sentencia conforme a la del Supremo.
Impulso Ciudadano y la Asamblea Escuela Bilingüe, algunas de las asociaciones que se han mostrado a favor de implementar las horas de castellano en los centros educativos catalanes, se han comprometido a ‘vigilar’ que se cumplan la instauración de ese porcentaje mínimo del 25%. Asimismo, también guiarán a las familias que quiere exigir el cumplimiento, de darse el caso, a través de la vía administrativa.
El Govern anuncia contraataque
“Un ataque a uno de los pilares de la convivencia en Cataluña, la lengua”. Así ha calificado Pere Aragonés la sentencia del Supremo, ante la que ha anunciado más medidas. Entre ellas, un plan para promocionar y fomentar el catalán, en retroceso según un estadio de la Generalitat. Para ello, se activará al cuerpo de inspectores de la Generalitat del Departamento de educación, para que aseguren el número de horas.
“Hemos dado órdenes al cuerpo de inspectores para que se garantice el modelo vigente”, ha afirmado Aragonès. “Si la clase de matemáticas se tiene que hacer en catalán, se hará en catalán”, recalcó. Aunque, de momento, tanto ERC como Junts, socios del Govern, han descartado desobedecer la decisión del Supremo.“Esto no va de soluciones improvisadas o mágicas o querer cargarse la autonomía de los centros. Esto va de generar los consensos para defender la inmersión lingüística y eso es lo que hará el Govern”, justificó.
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