Los funcionarios interinos exigen contratos fijos para no acabar como desempleados

Los funcionarios interinos continúan atrapados en la telaraña de la temporalidad en torno al mercado laboral. Por ello, continúan protestando miles de trabajadores en esta situación de indefinición e incertidumbre laboral en forma de manifestaciones y protestas a lo largo de la geografía española. Ni los sucesivos ‘toques’ de Europa ni el Tribunal Supremo han logrado desenquistar un mal endémico en el tejido laboral del país. 

El Tribunal Europeo ya declaró, tanto la ilegalidad de asociar contratos de interinidad a procesos de selección sin plazo estipulado, como la de que el Gobierno de España no contara con ninguna arma sancionadora para “prevenir” y “sancionar” el fraude de ley: enlazar contratos de duración determinada sucesivamente.

Medidas lanzadas en junio en un decreto ley considerado ‘tirita’ por los interinos y aprobado por el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, para tratar de solucionar esto. Paralelamente, una sentencia del Tribunal Supremo obligaba a la contratación como indefinidos no fijos tras tres años de actividad laboral. A pesar de ello, y como hablan los números, las datos de contratación en interinidad continúan disparándose con el paso del tiempo.

El 90% de los contratos de la Administración, en interinidad

Según el Registro Central de Personal, el 90%, casi 800.000 empleados, de las 102.000 nuevas contrataciones de funcionarios han sido en interinidad. Un problema que el “Gobierno no ha querido solucionar” ya que “no está cumpliendo nada”, afirma Mely de la Cruz Morales, portavoz de la Coordinadora Estatal de Profesores Interinos (CEPI) sobre las medidas gubernamentales: no “son una solución”, afirma.

Por ello, de la Cruz propone medidas como hacer fijo a los trabajadores en puestos verdaderamente necesarios, ya que no supondría coste extra alguno para el Estado: "Nuestros puestos de trabajos ya están presupuestados y se tienen en cuenta la hora de ejecutarse”.

Esto acabaría con la indefinición laboral e incertidumbre de los trabajadores que llevan enlazando contratos temporales durante 10,20 o 30 años. Casi toda una vida laboral. El ‘Icetazo’, como se bautizó a ese decreto ley de junio, instaba a esos trabajadores interinos de larga duración a demostrar unas capacidades, que, según ellos, ya habían ratificado en estos años. Más leña a la hoguera.

Los trabajadores con 50 años de media, en riesgo de paro

El abismo del paro acecha para aquellos que enfilen la segunda y última mitad de su vida laboral. "Lo que va a ocurrir es que miles de trabajadores con una media de 50 años nos vamos a ir al paro de larga duración", afirma Ana Dueñas, portavoz de la Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León, que también se muestra en la línea de de La Cruz: “nuestra estabilización es a coste 0”.

Como los manifestantes y los sindicatos, también reclama acciones urgentes para proteger a los trabajadores interinos que han estado socorriendo puestos útiles durante años y a los que ahora les acecha el despido y el paro y la desigualdad a la hora de optar a ser fijo. Básicamente, adaptarse fielmente a las directrices europeas.

El proyecto de Ley, a punto de ver la luz

El Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que se encuentra ahora mismo en su última fase de tramitación en el Congreso de los Diputados. Ahora mismo los distintos grupos políticos presentan sus enmiendas y debaten sus mejoras.

Entre algunos cambios, se encuentra el de otorgar preferencia para plazas fijas en oposiciones a aquellos interinos que han estado en puestos básicos, acordado en el decreto de ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público acordado entre sindicatos, Hacienda y CUP, y que finalmente el Congreso sacó adelante como proyecto de ley. 

Ahora, para ese Real Decreto se debaten acciones como que aquellos funcionarios interinos que enlacen diez años de trabajo en una plaza necesaria y que nunca haya sido convocada a proceso acaben adjudicándosela solo por méritos, sin pasar oposición. 

También, que las autonomías decidan si los procesos de convocatoria para la estabilización sean o no eliminatorios, más allá del 40% por el que puntuaba la experiencia y que ya recogía el decreto ley.

Asimismo, Mireia Vehí, de CUP, defendió, en consonancia con las asociaciones, que aquellos interinos en puestos estructurales con tres años consecutivos de duración de contrato pasen a ser fijos.