La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha planteado este viernes la necesidad de revisar las directivas europeas sobre trabajo temporal, empleo a tiempo parcial y empresas de trabajo temporal (ETTs). Durante su intervención en el Foro Social de Oporto, ha defendido que estas normativas deben adaptarse a las transformaciones del mercado laboral y contribuir a garantizar el empleo de calidad.
Según ha recogido Europa Press, Díaz ha subrayado que el trabajo “no puede ser a cualquier precio” y alertó de que los minijobs presentes en algunos países europeos están generando “distorsiones en el modelo social europeo”.
La ministra ha propuesto que el nuevo Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, actualmente en negociación en Bruselas, incorpore instrumentos legislativos concretos que aborden cuestiones como la desconexión digital, la formación continua, la regulación de la inteligencia artificial en el entorno laboral y la protección frente al cambio climático.
A su juicio, estas medidas son esenciales para avanzar hacia un empleo más estable y digno. “La necesidad de una Europa social es más acuciante que nunca. O avanzamos en esta línea o, lisa y llanamente, nos convertiremos en un actor internacional irrelevante”, ha manifestado.
España como referente en reformas laborales
Durante su intervención, Díaz ha revelado que el Ministerio de Trabajo ha desarrollado un indicador específico para medir la precariedad en el empleo, el cual ha sido ofrecido al resto de países europeos: “Lo pongo a disposición de todos los colegas de los ministerios de Europa”, ha afirmado.
Además, ha recordado que en el marco de la Presidencia española de la UE se solicitó al Consejo Económico y Social Europeo (CESE) la elaboración de un informe sobre los efectos de la precariedad laboral en la salud mental de los trabajadores.
En contraposición al descenso de iniciativas legislativas sociales en Europa, Díaz destaca las medidas adoptadas en España durante los últimos años, centradas en la estabilidad del empleo, la protección de colectivos vulnerables, y la conciliación laboral en condiciones de igualdad.
Asimismo, pone en valor el reconocimiento de los derechos climáticos en el ámbito laboral y el control sobre el uso de algoritmos, con el objetivo de evitar su utilización como “método de máximo rendimiento económico a costa de los trabajadores”.
Según la ministra, estas reformas han sido avaladas por organismos internacionales como el FMI o la OCDE, que las consideran positivas para el crecimiento económico, la productividad y la cohesión social.
