Un trabajador con más de 20 años de antigüedad en una empresa pública ha sido despedido tras ser acusado de haber trabajado para otra empresa mientras se encontraba de baja médica por depresión. Lo que inicialmente parecía una sospecha sin pruebas se confirmó tras una denuncia escrita enviada directamente por su esposa. En la notificación, la mujer afirmaba que el trabajador fingía estar enfermo y que “simplemente se aprovechaba de la empresa para alcanzar sus objetivos económicos”.
El empleado, con más de 20 años de antigüedad en una gran empresa pública del sector eléctrico en Francia, impartió varios cursos de formación para otra compañía entre noviembre de 2015 y enero de 2016, a pesar de estar de baja médica. Según recogen desde Le Figaro, una investigación interna, apoyada por la empresa competidora que facilitó horarios y facturas, acreditó que el hombre había trabajado durante ese periodo en al menos ocho sesiones remuneradas.
Tras el expediente disciplinario, el trabajador fue citado en agosto de 2016 y, tres meses más tarde, fue apartado de la empresa bajo la fórmula de “jubilación obligatoria”. No obstante, según explicó el abogado laboralista Roman Guichard, se trataba en realidad de un despido disciplinario por falta grave, en aplicación de la normativa específica del sector energético.
El recurso del trabajador fue rechazado en todas las instancias
No confirme con su despido, el trabajador recurrió la decisión de la empresa y reclamó una indemnización de más de 140.000 euros, alegando que su segunda actividad no había causado perjuicio alguno y que actuó sin mala fe. A su juicio, compatibilizar ambos empleos no suponía una infracción grave.
Los tribunales consideraron que los hechos estaban probados y que su conducta iba en contra de lo establecido en el reglamento que rige al personal público. El abogado laboralista explicó que, esta normativa prohíbe el desempeño de cualquier actividad remunerada durante una baja médica, independientemente de que exista o no un daño concreto para el empleador.
En junio de 2025, el Tribunal de Casación (el equivalente al Tribunal Supremo en España) ratificó la sentencia y rechazó el recurso interpuesto por el empleado. Subrayó que, en el marco normativo que se aplica a estas empresas públicas, la falta grave se configura automáticamente en situaciones de este tipo, aunque no haya competencia directa ni perjuicio económico.
Como consecuencia, el trabajador ha perdido su empleo y no tendrá derecho a indemnización.
