El Ministerio de Trabajo y Economía Social, encabezado por Yolanda Díaz, ha convocado para el próximo miércoles, 7 de enero, a los agentes sociales con el objetivo de negociar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. La cita, que tendrá lugar a las 9:00 horas, reabre un debate clave para el mercado laboral y que, previsiblemente, volverá a situar a sindicatos y patronal en posiciones enfrentadas.
Trabajo presentará una propuesta de incremento del SMI para el próximo año con efectos retroactivos, siguiendo las recomendaciones del comité de expertos que asesora al Gobierno, según recoge Europa Press.
Cuánto subiría el SMI en 2026 si tributa o no
Este órgano, formado por representantes del Ejecutivo, los sindicatos y académicos, plantea un aumento del 3,1%, es decir, de 37 euros más al mes (hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas) si el SMI mantiene la exención fiscal en el IRPF. En caso de que el mínimo pase a tributar, ascendería al 4,7%, es decir, 56 euros más al mes, lo que supondría fijar el SMI en 1.240 euros mensuales.
De momento, el salario mínimo ha empezado el año en la cuantía establecida para 2025, es decir, en 1.184 euros al mes, tras la subida del 4,4% aprobada el pasado mes de febrero y pactada únicamente con los sindicatos. La última vez que la patronal respaldó un incremento del SMI fue en 2020, lo que evidenciaría la dificultad de alcanzar consensos tripartitos en este sentido.
Qué proponen los sindicatos y la patronal
Pero, una vez más, las propuestas de los agentes sociales reflejan la brecha entre las partes. Por un lado, los sindicatos apuestan por que el SMI tribute en el IRPF y reclaman una subida inicial del 7,5%, hasta los 1.273 euros mensuales brutos, lo que en términos netos equivaldría a un alza del 2,7% (1.216 euros). No obstante, se han mostrado dispuestos a rehacer su propuesta tras conocerse el informe de los expertos.
Por su parte, la patronal también defiende que el SMI tribute, pero limita el incremento a un máximo del 1,5% (1.202 euros), condicionado a la aplicación estricta de las reglas de absorción y compensación previstas en el Estatuto de los Trabajadores.
El principal escollo en la negociación radica en la reforma de dichas reglas, ya que Trabajo y los sindicatos proponen evitar que los pluses y complementos salariales neutralicen la subida del SMI, una postura que rechazan frontalmente las organizaciones empresariales. Además, el Ejecutivo pretende adaptar la normativa española a la directiva europea sobre salarios mínimos, un proceso que eleva la complejidad de las negociaciones.
Por ahora, según el calendario sindical, el objetivo es cerrar el acuerdo antes del 15 de enero, aunque la experiencia de los últimos años indica que la posibilidad de un pacto a tres bandas sigue siendo incierta. Por el momento, el Gobierno no está obligado legalmente a pactar el incremento del SMI, aunque tradicionalmente intenta buscar el mayor consenso posible.
