Telefónica ha presentado a los sindicatos la intención de llevar a cabo un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a 5.040 trabajadores en tres de sus principales sociedades en España, Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, según ha informado el sindicato UGT.
De esos 5.040 empleados, se distribuirían: 3.649 en Telefónica de España, equivalente al 41,04 % de su plantilla de 8.892 personas; 1.124 en Telefónica Móviles, un 31,34 % sobre 3.587 trabajadores; y 267 en Telefónica Soluciones, lo que representa un 23,89 % de sus 1.118 empleados.
Tal y como recogen desde Europa Press, UGT ha señalado que cualquier medida adoptada debe articularse como un proceso “estrictamente voluntario” y basado en prejubilaciones, tal como se estableció en el acta del ERE de 2024. Asimismo, ha advertido que será imposible alcanzar un acuerdo global si no se avanza “de forma satisfactoria” en la negociación para prorrogar el actual Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) hasta 2030, lo cual permitiría extender garantías y mejorar condiciones socio‑laborales en el marco del plan estratégico recientemente presentado.
En paralelo, el sindicato CCOO ha expresado que defenderá que el proceso sea “voluntario, universal, que enlace con la jubilación y con buenas condiciones económicas y sociales”. Además, Telefónica anunció que una comunicación adicional sobre despidos colectivos en otras cuatro sociedades del grupo (Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+) se hará pública el próximo 25 de noviembre.
Un ERE motivado por un plan estratégico de ahorro de costes
El nuevo ERE se enmarca dentro del plan estratégico de la compañía, que contempla ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (y 2.300 millones de euros para 2028), en los que se incluyen partidas vinculadas al personal. En la presentación del plan, el consejero delegado Emilio Gayo señaló: “Cuando digo todos, son todos (…) respecto a la pregunta concreta sobre un posible ERE, si en esos ahorros hay incluidos temas que tienen que ver con personas, lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores”.
Los plazos fijados por la empresa permiten que el acuerdo se produzca antes de que acabe el ejercicio fiscal actual o a comienzos de 2026, de forma que el impacto no afecte ya las cuentas del próximo ejercicio.
Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha enfatizado que “lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos”, haciendo alusión al hecho de que el Estado, a través de la SEPI, posee un 10 % de Telefónica. En su declaración, reafirmó que el Ejecutivo exigirá que el proceso se desarrolle “en el marco de un acuerdo con la representación de los trabajadores”.
