El Ministerio de Sanidad ha firmado este lunes un acuerdo con los principales sindicatos del ámbito sanitario para el nuevo Estatuto Marco, la ley que regula las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y que no se renovaba desde hace 22 años. El pacto, sin embargo, no cuenta con el respaldo de los sindicatos médicos, que consideran que el texto del anteproyecto no atiende sus principales reivindicaciones y mantienen las movilizaciones de médicos y facultativos convocadas a partir del próximo 16 de febrero.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido el acuerdo alcanzado tras años de negociación colectiva. “Han sido años, muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años”, ha señalado. La titular del departamento ha reivindicado además que el diálogo “es el único camino” para modernizar el marco laboral del sistema sanitario público.
Los sindicatos firmantes y el rechazo médico
El acuerdo ha sido suscrito por CCOO, UGT, CSIF y SATSE-FSES, organizaciones con representación mayoritaria en la mesa de negociación del Estatuto Marco. En cambio, los sindicatos médicos, entre ellos la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y varias organizaciones autonómicas, han quedado fuera del pacto.
Antes del anuncio oficial, uno de estos sindicatos avanzó en declaraciones a EFE Televisión que se sienten “infrarrepresentados” en el proceso negociador y que el acuerdo alcanzado les parece “un grave error”, al entender que diluye las especificidades del ejercicio médico dentro de una regulación común para todo el personal estatutario.
Qué incluye el anteproyecto de ley
El anteproyecto de Ley del Estatuto Marco (que se puede consultar en la web del Ministerio de Sanidad) del personal estatutario de los servicios de salud, fechado el 8 de enero de 2026, deroga la norma vigente desde 2003 y establece un nuevo marco básico común para todo el personal del SNS. Entre sus principales novedades figuran:
- La armonización progresiva de la jornada ordinaria hacia las 35 horas semanales en cómputo anual, siempre que la organización de los servicios y la disponibilidad de profesionales lo permitan.
- Una nueva clasificación profesional vinculada al Marco Español de Cualificaciones, con efectos retributivos que deberán desarrollarse en cada servicio de salud.
- Medidas para reducir la temporalidad, mejorar los procesos de selección y reforzar la movilidad voluntaria y la carrera profesional.
- La creación de un Registro Estatal de Personal Estatutario, con el objetivo de planificar mejor los recursos humanos y controlar la precariedad.
- La regulación de la jubilación parcial y la posibilidad de aplicar coeficientes reductores para la jubilación anticipada, pendientes de desarrollo normativo.
Los puntos más controvertidos
El principal foco de conflicto se concentra en el régimen de jornada y guardias del personal médico. El anteproyecto dedica un capítulo específico a las “particularidades de la prestación de servicios del personal médico y facultativo”, pero los sindicatos consideran insuficiente el reconocimiento del tiempo de guardia como trabajo efectivo y rechazan las excepciones que permiten ampliar la duración máxima del tiempo de trabajo.
Este es uno de los ejes de las protestas que han desembocado en la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 16 de febrero, con paros periódicos y una manifestación estatal en Madrid. Los médicos reclaman, además, un estatuto propio, al considerar que sus responsabilidades, formación y carga asistencial no pueden equipararse al resto de categorías sanitarias.
También genera rechazo la ausencia de compromisos claros sobre retribuciones, así como la falta de garantías para evitar que la reorganización de jornadas derive en una mayor presión asistencial, especialmente en atención hospitalaria y urgencias.
El texto pactado deberá ahora iniciar su tramitación legislativa. Mientras tanto, el conflicto con los sindicatos médicos sigue abierto y amenaza con tensar aún más el sistema sanitario en los próximos meses, en un contexto de déficit de profesionales y sobrecarga asistencial.
