El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que la temporalidad en la Administración General del Estado (AGE) se ha reducido hasta el 4%, una cifra muy inferior a la registrada en las comunidades autónomas, que ha sido casi del 39% (38,8%) y en las entidades locales (38,6%). El mensaje del ministro sobre la reducción de la temporalidad en la Administración General del Estado llega justo a las puertas de la reunión que se producirá este viernes en la que el Gobierno espera aprobar la jornada de 35 horas en la AGE.
Durante la sesión de este miércoles en el Congreso de los Diputados, López enmarcó estos datos en el esfuerzo del Ejecutivo por corregir lo que calificó como un “problema crónico” del empleo público en España, especialmente concentrado en ámbitos gestionados por las autonomías, como la sanidad y la educación. El ministro evitó responsabilizar directamente a los gobiernos regionales, pero reclamó una acción conjunta: “Es un problema de todos”, afirmó.
El ministro de Función Pública destacó también que la reducción de la temporalidad en la Administración central responde a las políticas impulsadas en los últimos años, entre ellas la ley aprobada en 2021 para cortar con la precariedad en el sector público. Además, puso en valor que con las 300.000 plazas ocupadas por interinos se ha conseguido cumplir lo acordado con Bruselas, superando ampliamente el objetivo marcado por la Unión Europea.
Más plazas estabilizadas que las comprometidas
En concreto, López cifró en 400.000 las plazas estabilizadas hasta la fecha, es decir, 100.000 más de las previstas inicialmente. Este proceso de regularización del empleo público ha sido uno de los pilares de la estrategia del Gobierno para reducir la elevada tasa de temporalidad heredada tras años de restricciones en la oferta de empleo público.
El ministro también hizo referencia a la futura Ley de Función Pública, actualmente en tramitación en el Congreso, como una pieza clave para consolidar estos avances y modernizar la gestión de recursos humanos en las administraciones. “Espero, deseo y confío en que este Congreso sea capaz de sacar adelante esa ley, de verdad que nos preocupa”, señaló.
Presión política para endurecer las medidas
El debate parlamentario evidenció, sin embargo, que el consenso está lejos de cerrarse. Desde la oposición, la diputada de Podemos Ione Belarra condicionó el apoyo de su grupo a la norma a que se garantice la “fijeza ya” para los trabajadores interinos, lo que anticipa un trámite legislativo complejo ya que Óscar López dijo que no haría fijos a los interinos, contradiciendo así las exigencias de Podemos.
La brecha entre la baja temporalidad de la Administración central y las elevadas tasas en comunidades y ayuntamientos refleja, en todo caso, un desequilibrio estructural en el empleo público español. Mientras el Gobierno reivindica sus avances, el reto de extender esa reducción al conjunto de las administraciones sigue pendiente y dependerá, en gran medida, de la coordinación entre niveles institucionales y del desarrollo de los procesos de estabilización aún en marcha.
