La Junta de Andalucía avanza en la conocida como “bolsa especial” vinculada a las oposiciones de la Administración General, un mecanismo que permite cubrir vacantes futuras con personas aspirantes que superaron el proceso selectivo pero quedaron fuera del número inicial de plazas. El sistema quedó recogido en el Decreto 51/2025, aprobado por el Consejo de Gobierno, que desarrolla la Ley andaluza de Función Pública de 2023 y abre la puerta a convocatorias con un 20% adicional de plazas con cargo a las ofertas de empleo público de los dos años siguientes.
El nuevo diseño busca acabar o al menos reducir la temporalidad y agilizar la cobertura de vacantes sin recurrir a nombramientos interinos en esos puestos. La norma establece que esas plazas adicionales solo podrán adjudicarse si finalmente se producen las vacantes y que quienes accedan por esta vía serán nombrados funcionarios de carrera con destino provisional, manteniendo después la obligación de participar en los concursos que se convoquen para obtener destino definitivo.
Una permanencia mínima para evitar rotaciones inmediatas
La principal consecuencia práctica del acuerdo es que la Junta quiere impedir que esos funcionarios cambien de puesto nada más incorporarse. El decreto ya fija con carácter general que, para concursar por primera vez, el personal funcionario debe acreditar al menos dos años de permanencia en su puesto definitivo, una exigencia que el Ejecutivo andaluz viene defendiendo también en el nuevo modelo de concurso abierto y permanente para reforzar la estabilidad de las plantillas.
Ese marco resuelve además un problema que la propia Administración venía detectando, que era que las personas incorporadas por el cupo adicional ocupan vacantes estructurales y resultaba contradictorio forzar una movilidad casi inmediata mientras se intentaba garantizar continuidad en los servicios. La filosofía del cambio es reforzar la estabilidad organizativa en unidades que, en muchos casos, arrastraban una cobertura más frágil o dependiente de soluciones temporales.
La medida no afecta a cualquier proceso selectivo de manera automática. Solo operará en aquellas convocatorias cuyas bases incorporen de forma expresa ese número adicional de plazas para futuras vacantes. El decreto precisa, además, que esas relaciones de aspirantes quedarán sin efecto una vez transcurridos dos años desde la resolución de la convocatoria o cuando se resuelva un proceso posterior del mismo cuerpo o especialidad. La bolsa especial, por tanto, no queda abierta indefinidamente.
El sistema se prepara para las próximas convocatorias
El encaje de esta vía de acceso cobra especial importancia en un momento en el que la Junta ya tiene en marcha la Oferta de Empleo Público de 2025 para la Administración General. Esa oferta asciende a 3.422 plazas, de las que el 75% son de acceso libre, y figura ya en el portal oficial de empleo público andaluz, donde aparecen las distintas categorías pendientes de convocatoria.
El Gobierno andaluz presentó el Decreto 51/2025 como la norma llamada a modernizar la Función Pública, con procesos más ágiles, digitalizados y orientados a limitar la temporalidad. En ese contexto, la regulación de estas plazas adicionales se convierte en una pieza clave para ordenar el acceso de quienes aprueban sin plaza y para evitar que la cobertura de vacantes vuelva a depender, de forma recurrente, de soluciones provisionales.
