El Ministerio de Trabajo ha comenzado con la tramitación para reducir la jornada laboral en España hasta las 37,5 horas semanales. Sin embargo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha querido avisar de que esta reducción no será efectiva si no se refuerza a nivel operativo y a nivel de recursos este organismo, que es quien se encarga de hacer cumplir la normativa a las empresas y empleadores.
La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, así lo ha trasladado durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo y Economía Social, donde ha reivindicado el papel de la Inspección para “garantizar un futuro y unas condiciones de trabajo dignas”, en declaraciones recogidas por Europa Press.
Durante la misma, también ha advertido de que están trabajando por encima de sus posibilidades. Al respecto, ha señalado que en 2023 los inspectores finalizaron 651.000 expedientes, más del 5% de lo fijado como objetivo del año anterior. De estos, 242.000 actuaciones fueron para la prevención de riesgos laborales, 140.000 para la Seguridad Social, 135.000 actuaciones para la economía irregular y trabajos de extranjeros, y también regularizaron 29.899 falsos autónomos.
“Un inspector por cada 15.000 trabajadores”, el ratio actual
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa social, Ana Ercoreca ha pedido reforzar la Inspección con más recursos, así como la plantilla, lamentando que “en España tenemos un inspector por cada 15.000 trabajadores o un inspector por cada 1.500 empresas”.
En este sentido, ha insistido en la necesidad de aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) que el Gobierno se comprometió a aprobar en abril de 2022. Haciendo balance de la actuación de la ITSS, también ha recalcado que más de 100.000 personas se han visto dadas de alta gracias a la Inspección de trabajo, “alta que va a condicionar el que puedan tener un futuro y una prestación a la Seguridad Social”.
Por último, también ha recalcado que se han recaudado más de 41 millones de euros en concepto de salarios y cotizaciones, y 936.000 euros fruto de la actividad del organismo autónomo.
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