España cerró el pasado mes de abril en horas bajas, al menos en lo que a empleo se refiere. Durante el primer trimestre del año, se destruyeron 100.200 puestos de trabajo. Sin embargo, esta cifra supone su menor descenso con respecto a las mismas fechas correspondientes a 2019. Dicho esto, en la actualidad un total de 20.084.700 personas se encuentran trabajando.
Pero los datos no son halagüeños para el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ahora liderado por Yolanda Díaz. La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) acaba de publicar un informe en el que sitúa a España como uno de los cinco países de la Unión Europea con menos del 70% de la población de 20 a 64 años empleada.
En concreto, alcanzó un 67,7%. A lo que a falta de oportunidades laborales se une también Croacia (68,2%), Rumanía (67,1%), Italia (62,7%) y Grecia (62,6). Por el lado contrario, los mayores registros se alcanzaron en Países Bajos (81,7%), Suecia (80,7%) y República Checa (80%) en lo que a empleabilidad se refiere. En estas tres regiones, al menos 8 de cada 10 personas están empleadas en edad de trabajar.
España no levanta cabeza en empleo pese a la reforma laboral
Llegados a este punto, conviene estudiar porque nuestro país sigue a la cabeza de la UE en tasa de paro pese a la creación récord de contratos tras la implantación de la reforma laboral. Hay que recordar que es obligatoria para trabajadores y empresas desde el pasado 31 de marzo de 2022.
La norma le da prioridad a la contratación indefinida y elimina para siempre el contrato de obra y servicio, cuya duración máxima era de cuatro años.
Otro apunte rápido al respecto, porque también lidera la tasa de paro juvenil entre los jóvenes menores de 25 años, según los últimos datos publicados por el INE. En el primer trimestre de 2022, se situó en casi un 30%. No obstante, el Gobierno de España busca la fórmula para reducir la alta tasa de paro.
Este es el caso de la nueva ley de Formación Profesional, en vigor desde el 23 de abril, con la que se pretende que los alumnos realicen prácticas obligatorias en pequeñas y medianas empresas para fomentar la creación de puestos de trabajo para este colectivo. Además, también se orienta a los trabajadores en activo y personas en situación de desempleo que busquen mejorar sus competencias profesionales.
La legislación permite que se puedan realizar, por poner un ejemplo, desde microformaciones hasta títulos de especialización, lo que permite que los alumnos lleguen a adquirir nuevos conocimientos y así optar a empleos estables y de calidad con mejores condiciones laborales.
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