Los jóvenes españoles son de los europeos que menos compaginan el tener un trabajo y cursar estudios simultáneamente. Ya sea por posibilidad, ambición o el factor que sea, un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece en un 8,3% la proporción de población nacional entre 18 y 24 años que estudió y trabajó a la vez en 2021.
Una práctica que suele ser frecuente, la de los estudiantes que desean comenzar, o continuar, su carrera laboral con la universitaria o la que lo utilizan para costearse sus gastos. Pero no aquí en España. O no tanto como en Europa, donde el país español aparece cuarto por la cola en la lista general que ha elaborado el organismo.
Solo Italia, con un 3%, Portugal, 5,5% y Grecia, 5,6%, empeoran los datos españoles. Precisamente toda la zona del mediterráneo es la que presenta los peores datos en materia de paro juvenil, y que contrastan ampliamente con la media de la eurozona de la OCDE, donde más del 15% de los jóvenes estudian y trabajan a la vez, y más aún en Alemania (33%) y Países Bajos (40%), de los que les separa un abismo.
Fondos europeos y formación, una posible solución
El ‘Observatorio del mercado de trabajo español’, elaborado por FEDEA, BBVA Research y EY Insights en base a distintos indicadores del mercado laboral y la actividad desde distintas perspectivas, apunta al elevado desempleo juvenil español como una de las respuestas a lo que denomina ‘brecha del mercado español’ y que “nos aleja aún más de los países del norte de Europa en materia de empleo y formación juvenil”.
El conjunto de economistas que han formado parte del estudio, de carácter trimestral, y en el que se encuentra la ex ministra de Trabajo y Seguridad Social del PP, Fátima Báñez, señalan como punto de inflexión la crisis financiera de 2008. Antes de ella, casi el 38% de los jóvenes españoles trabajaban y estudiaban simultáneamente. Después, la cifra se desmoronó a la mitad, 16%, y “prácticamente no se ha recuperado después y se ha reducido de nuevo durante la pandemia”, explican estos economistas.
Los contratos fijos discontinuos, la esperanza
Una de las posibles soluciones que ofrece el documento son los nuevos contratos de formación de la reforma laboral que entrarán en vigor el 1 de abril. “Ahora que el salario mínimo ha subido a 1.000 euros se trataría de que el dinero público contribuyese a costear una parte (alrededor de 500 euros) de estos contratos formativos a jóvenes”. Un dinero público que vendría de los fondos europeos estatales, propuestos para su destino al copago de salarios y cotizaciones de los trabajadores jóvenes. Las empresas, a cambio, ofrecerían formación.
Estos contratos de formación sustituirán a una gran parte de los de obra y servicios, tal y como continúa previendo el estudio. El tipo de contrato que firmaban cerca del 25% de los jóvenes españoles y que les abonaba la espiral de la temporalidad. Estos ahora desaparecen, ocupando una parte del vacío que dejan los contratos fijos discontinuos, cuyo uso potenciará la reforma.
Este cambio, el de la eventualidad por la indefinición se califica de "optimista”. Aunque se precisa que esto "no absorberá toda la temporalidad porque sigue habiendo una gran brecha entre el coste de contratación y extinción de los fijos y los temporales". Eso "no lo ha tocado la reforma y no se acabará con la temporalidad por esa diferencia", han concluido.
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