Una operación de la Guardia Civil, ha sacado a la luz un entramado delictivo dedicado a la explotación laboral de al menos 45 personas, entre ellas tres menores de edad (de entre 12 y 17 años), en La Rioja. Según han informado este miércoles, siete personas, seis hombres y una mujer, han sido detenidas acusadas de varios delitos, entre ellos trata de seres humanos, detención ilegal y blanqueo de capitales.
Los arrestados, de entre 28 y 50 años, captaban a personas en situación irregular, en su mayoría de origen marroquí, y las obligaban a trabajar sin contrato en condiciones insalubres y bajo vigilancia. Muchos de ellos vivían encerrados en habitaciones sin ventilación, e incluso con candados desde el exterior, según ha explicado el portavoz del Instituto Armado, Miguel Ángel Sáez.
Condiciones extremas de hacinamiento y vigilancia
Tal y como han recogido desde Europa Press, durante la operación, denominada ‘Landwirt’ y desarrollada dentro del Plan contra la Trata de Seres Humanos y la Explotación Laboral, fueron inspeccionadas cinco viviendas y cinco naves industriales. En una de las casas, los agentes hallaron a 15 personas hacinadas. En una de las estancias, cerrada con candado, se encontraba un matrimonio durmiendo en el suelo, con una única manta y una pequeña ventana como única fuente de ventilación.
Los trabajadores, muchos de ellos menores de edad (de 12, 15 y 17 años), realizaban labores como poda, desbroce y recolección de frutas y verduras. Según el relato de Sáez, la mayoría no contaba con contrato laboral y recibía pagos mínimos en efectivo, como un euro por cada kilo de piparra recolectada. En algunos casos, ni siquiera se les pagaba.
Además, debían abonar entre 50 y 150 euros por compartir cama o habitación, lo que generaba una situación de dependencia total del empleador, que les prometía regularizar su situación en España, algo que nunca llegaba a producirse.
Operación policial y consecuencias legales
La investigación comenzó en julio tras una denuncia que alertó sobre la posible existencia de esta red en La Rioja Baja. Los agentes de Policía Judicial identificaron a tres hombres como responsables principales del entramado, que captaban mano de obra irregular en otras regiones del sur del país y la trasladaban a La Rioja.
Tras captarlos, alojaban a los trabajadores en viviendas en mal estado, desde las que los llevaban a las fincas en las que realizaban las labores, siempre supervisados por personas de confianza del grupo criminal.
En el dispositivo participaron patrullas de seguridad ciudadana, agentes de Policía Judicial de Calahorra y Arnedo, y unidades especializadas como el grupo cinológico, que empleó perros adiestrados para detectar dinero en efectivo. Durante los registros, se incautaron 22.000 euros en metálico, 2.500 euros en joyas, documentación relevante y dos vehículos, además del bloqueo de seis cuentas bancarias y la suspensión temporal de una empresa vinculada a la red.
Los siete detenidos han quedado en libertad provisional a la espera de juicio, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de la red.
