El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al Ayuntamiento de Las Palmas a indemnizar con 20.000 euros a una funcionaria tras años de pasividad absoluta frente a un grave conflicto laboral. La empleada, estuvo reclamando en repetidas ocasiones ayuda, debido a trato denigrante que sufría por parte de su equipo, así como la falta de apoyo de la corporación, por lo que acabó sufriendo un cuadro de ansiedad que la llevó a coger la baja médica por incapacidad temporal.
La trabajadora prestaba servicios como funcionaria de carrera para el Ayuntamiento desde 2011, ostentando el cargo de Jefa de Negociado de Servicios Sociales. El conflicto se originó en julio de 2019, cuando alertó formalmente mediante un informe de una situación insostenible, pues tres trabajadoras sociales, que mantenían una relación personal con la Concejal del Área, la desautorizaban sistemáticamente y la excluían del trato personal. Esta situación le provocaba sentirse ninguneada y cuestionada en sus decisiones, perjudicando gravemente el ambiente laboral.
En lugar de mediar o proteger a la trabajadora, el Ayuntamiento comenzó a retirarle paulatinamente funciones que tenía asignadas, como la supervisión y control horario del personal, prohibiéndole el acceso al portal de los empleados. La situación empeoró, ya que una de las subordinadas desobedecía sus instrucciones, tramitaba los expedientes directamente a sus espaldas con la Concejal y llegó a denigrarla por escrito llamándola "mera auxiliar administrativa".
Incluso llegó a ser denunciada ante el Colegio Oficial de Trabajo Social por un supuesto intrusismo profesional. A pesar de que la demandante informó de todo esto al Alcalde y a la Concejalía de Recursos Humanos en repetidas ocasiones (en 2019, 2020 y 2021), el Ayuntamiento no tomó medida alguna ni se dignó a darle respuesta.
La trabajadora acaba de baja y la empresa activa tarde el protocolo
Ante esta inacción continuada, en julio de 2022 la funcionaria solicitó formalmente la apertura del protocolo de acoso laboral. Sin embargo, la lentitud del proceso pasó factura a su salud y, en octubre de ese mismo año, incurrió en una baja médica por incapacidad temporal con un diagnóstico de estado de ansiedad no especificado.
Un peritaje psicológico posterior encargado por la Comisión Instructora concluyó en noviembre de 2022 que, si bien no se evidenciaba un escenario de acoso puro, sí existía un grave conflicto organizativo basado en las diferencias de criterio sobre la estructura y las funciones del departamento. Tuvieron que pasar seis meses desde que pidió el protocolo para que se propusieran las primeras medidas organizativas reales en enero de 2023.
El TSJ de Canarias confirma la grave infracción del Ayuntamiento
En los tribunales tanto el Juzgado de lo Social n.º 5 de Las Palmas de Gran Canaria como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dieron la razón a la trabajadora, declarando el incumplimiento de la corporación en materia de prevención de riesgos y condenando al Ayuntamiento a pagarle 25.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
El tribunal determinó que la pasividad del Ayuntamiento durante años, a pesar de las quejas y escritos repetidos de la trabajadora desde 2019, evidencia un claro incumplimiento de la diligencia debida en la preservación de su salud psicosocial. Los magistrados señalaron que se produjo una postergación injustificable en la actuación preventiva, ya que las medidas no llegaron hasta meses después de que la trabajadora sufriera el daño real en su salud y causara baja médica, tal y como explica la sentencia que se puede consultar en este enlace del Poder Judicial.
Por todo ello, el tribunal confirmó la condena al Consistorio por no proteger eficazmente a su empleada, aunque decidió modular la indemnización. Aplicando la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), fijaron el pago compensatorio definitivo en 20.000 euros, enmarcado dentro del grado medio para una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales.
