En España, el sector de la limpieza sigue siendo uno de los pilares invisibles que sostienen la economía y la salud pública. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) , más de 500.000 personas trabajan hoy en actividades vinculadas al saneamiento y la limpieza, una cifra que convierte este sector en uno de los principales nichos de empleo del país.
Sin embargo, tras ese peso económico se oculta una dura realidad: la precariedad. Jornadas interminables, falta de descansos, inseguridad laboral, alta rotación y, sobre todo, bajos salarios hacen que, aunque sea un trabajo esencial, su reconocimiento sea nulo.
El 80% del personal de limpieza en España son mujeres, muchas de ellas con más de 45 años de edad, según datos de Comisiones obreras (CCOO) y del Ministerio de Trabajo. La mayoría accedió a este empleo por necesidad y no por elección.
Elena Escudero, una limpiadora de Pamplona de 57 años, lo sabe muy bien. Sus largos años en el sector, la han convertido en un símbolo de resistencia y de denuncia frente a un sistema que dice “no ve a las personas”.
“Soy totalmente dependiente”
Elena lleva más de una década en el sector. Diagnosticada con síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y un trastorno funcional del movimiento de las piernas, depende desde hace más de cuatro años de una silla de ruedas para salir de casa y de un andador para moverse por dentro.
“Soy totalmente dependiente y, si no fuera por mi marido, estaría en una residencia”, confesaba ante las cámaras de Informativos Telecinco. A pesar de tener un 49% de discapacidad reconocida, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la incapacidad permanente y, en julio de 2024, le dio el alta médica.
Elena se vio obligada a reincorporarse a su puesto como limpiadora en un colegio de Pamplona. “Si no voy, me echan”, explicó. Solo el primer día tendría que pasar cuatro horas limpiando 16 retretes, fregando escaleras, pasando la mopa en pasillos y aulas y empujando un carro con cubos de agua de 15 litros. Todo eso, en silla de ruedas.
“Si no vas, te echan y pierdes todos tus derechos. Entonces, ¿qué haces? Solamente el hecho de pensar que tenía que ir sola… estaba aterrorizada”, explicó entre lágrimas.
Después de una reunión tensa con la empresa adjudicataria del servicio, decidió acogerse a una excedencia forzosa. Aunque esto sucedió hace años, su caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra las altas médicas forzosas en personas con grandes limitaciones físicas.
“Puede costarle el trabajo”
El abogado Jagoa Luengas, advirtió que el caso de Elena no está aislado: “Puede ser que la empresa entienda que haya una bajada de rendimiento y proceda a un despido, y eso es muy peligroso”.
Según explica, la ley no siempre protege a quienes se encuentran en esa franja gris: no lo suficientemente enfermos para una incapacidad ni lo bastante sanos para continuar trabajando.
Aunque el caso ocurrió en octubre de 2024, la situación sigue repitiéndose. En redes sociales, decenas de trabajadoras denuncian estar en situaciones similares.
