El Tribunal de Casación ha considerado improcedente el despido disciplinario de una trabajadora que llevaba 27 años trabajando como técnica, ya que esta no tenía titulación y la responsabilidad era del empleador, quien no lo comprobó antes de acceder al puesto. A pesar de que la justicia le ha dado la razón y deberá indemnizarla con 34.800 euros, el caso volverá a ser juzgado, ya que han presentado un recurso de casación.
Todo empieza hace 27 años, es decir en 1998. En ese año, una joven firmó su primer contrato laboral para trabajar en una farmacia del sur de Francia. De esta forma y vestida con su bata blanca, esta joven empezó a desarrollarse laboralmente, pero sin que nadie se diera cuenta de un detalle, y es que, no tenía titulación. De hecho pasaron los años y nadie se dio cuenta, hasta que la farmacia fue traspasada y los nuevos gerentes lo descubrieron.
A finales de 2017, un inspector de la Agencia Regional de Salud (ARS) realizó una inspección aleatoria. Este inspector solicitó los diplomas de todo el personal, y es en ese momento cuando se encontró con que esta mujer no tenía el de técnica de farmacia. Ante esta situación, sus jefes se pusieron en contacto con ella, primero de forma verbal y luego mediante dos cartas sucesivas.
Como no recibían una contestación por parte de la empleada, quien estaba de baja por enfermedad, los mismos optaron por suspenderla, pero finalmente al poco tiempo decidieron despedirla por falta grave. En la carta de despido, el empleador la acusó de "mentira" e incumplimiento del "deber de buena fe".
Se le acusó de haber ocupado un puesto sin el título universitario, por lo que la farmacia podía ser sancionada de forma penal. La exempleada, aun de baja por enfermedad, explicó que ella nunca ocultó su situación. Afirma que sus antiguos jefes lo sabían, que trabajaba "con autorización previa" y que el nuevo propietario simplemente no revisó los registros al adquirir la farmacia.
El tribunal da la razón a la trabajadora
En 2021, el tribunal laboral (que es quien juzga este tipo de causas en Francia) dio la razón a la empleada, es decir, que el despido era improcedente e injustificado, por lo que se ordenó al empresario a pagarle más de 34.800 euros en concepto de indemnización. Sin embargo, la farmacia apeló la decisión.
En 2023, el Tribunal de Apelación cambió de criterio y dio la razón al empleador. Para los jueces, la antigua técnica de farmacia había incumplido su deber de lealtad al no informar a su empleador de su falta de cualificaciones, situación considerada ilícita. Por lo tanto, su apelación fue desestimada y se le condenó a pagar las costas judiciales, es decir, tuvo que sufragar los gastos legales incurridos por su empleador.
La trabajadora no conforme, decidió acudir al Tribunal de Casación y así, el máximo tribunal del país volvió a dar la razón a la trabajadora. Este explicó que el empleador, al haber mantenido la relación laboral durante varios años sin comprobar la titulación de la trabajadora, no podía ahora alegar negligencia para justificar el despido por falta grave. En otras palabras, la culpa no podía atribuirse enteramente a la exempleada.
El abogado laboralista Henri Guyot, del bufete Aerige, subrayó que el fallo destaca una responsabilidad empresarial a menudo ignorada. “El empleador debía haber comprobado la validez del diploma antes de la inspección de la ARS. No puede culpar al trabajador por un control que él nunca realizó”, explicó.
Guyot añadió que el error se produjo probablemente durante el traspaso de la farmacia, cuando los nuevos dueños asumieron el personal sin verificar sus expedientes. “En profesiones reguladas como la de técnico de farmacia, no cabe improvisar. La obligación de comprobar las cualificaciones recae en la empresa”, señaló.
El caso, ahora remitido nuevamente al Tribunal de Apelación, se examinará por cuarta vez antes de que se emita una sentencia definitiva. Mientras tanto, la decisión del alto tribunal refuerza la obligación legal de los empleadores de garantizar que todo su personal cumpla los requisitos profesionales exigidos por la normativa sanitaria.
