La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este lunes lo que considera un “recorte” de casi el 50% en las vacantes definitivas ofertadas en el Concurso General de Traslados (CGT) de Educación en Andalucía. Según los datos facilitados por la organización, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha convocado finalmente 7.163 plazas en el presente curso escolar, frente a las aproximadamente 12.600 vacantes del último concurso de carácter autonómico, celebrado en 2023/2024.
El sindicato, mayoritario en la educación pública andaluza, subraya que la oferta definitiva también se ha reducido respecto a la resolución provisional publicada por la propia Administración educativa, lo que, a su juicio, agrava la sensación de retroceso en la política de personal.
Desde el sector de Educación de CSIF advierten de que esta disminución “evidencia un retroceso en el derecho a la movilidad del profesorado andaluz”. El Concurso General de Traslados constituye la única vía para que miles de docentes en situación provisional puedan obtener su primer destino definitivo y consolidar así su situación profesional y personal.
La escasa oferta no tiene justificación
El sindicato recuerda que el pasado año el número de vacantes fue inferior al habitual al tratarse de un concurso de ámbito nacional, en el que la oferta debía ser “proporcional y equilibrada al resto de comunidades”. Sin embargo, sostiene que en esta convocatoria autonómica “no existe tal condicionante, por lo que no se justifica en modo alguno una oferta tan limitada”. Asimismo, añade que el derecho de quienes desean cambiar de destino también se ve afectado y denuncia que este queda “cercenado por las actuales políticas de la Consejería”.
CSIF asegura que lleva una década denunciando la escasa oferta de plazas en los concursos de traslados y afirma que, en encuentros bilaterales, la Consejería adquirió el compromiso de realizar una convocatoria masiva que aproximara la plantilla orgánica a la de funcionamiento, como ocurrió en el curso 2023/2024, según indica. “Aquel proceso supuso un avance hacia la consolidación de plazas estructurales y la reducción de la provisionalidad. Con la convocatoria minoritaria de este año asistimos a un claro paso atrás en cuanto a condiciones laborales y de conciliación de miles de docentes”, lamenta la organización.
El sindicato también cuestiona los criterios aplicados por la Administración para determinar las vacantes ofertadas. A su juicio, pese a que los criterios “son meridianamente claros”, “la Junta realiza su particular aritmética en la aplicación de los mismos, sin garantizar que salgan a concurso todas las plazas estructurales existentes”. Como ejemplo, señala que en el cuerpo de Educación Primaria se tarda más de siete años en obtener el primer destino definitivo.
Asimismo, rechaza los argumentos esgrimidos por la Consejería para defender la oferta actual. En concreto, critica que “vincular esta cuestión a los procesos de estabilización, tal y como ha hecho la propia consejera en declaraciones públicas, no da respuesta a nuestra denuncia. Dicho procedimiento no tiene nada que ver con la necesidad de ofertar plazas suficientes en el concurso”.
En relación con la tasa de interinidad, CSIF considera “llamativo” que la Administración aluda a un 6% para justificar su gestión. “Según datos facilitados por la propia Administración educativa, la tasa real se eleva al 17,08 %, acercándose incluso al 50 % en determinados cuerpos y especialidades, o como en el caso particular de Almería que alcanza un 22%”, sostiene el sector.
Por último, la organización sindical exige una aplicación rigurosa de la normativa y de los criterios establecidos y reclama a la Administración que “cumpla el compromiso adquirido para avanzar decididamente hacia la consolidación de plazas estructurales y quede garantizada la movilidad legítima del profesorado”.
Por el momento, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional no ha detallado públicamente si prevé revisar la oferta de vacantes ni ha respondido a las críticas formuladas por el sindicato, en un contexto en el que la movilidad y la estabilidad del profesorado continúan siendo uno de los ejes del debate educativo en Andalucía.
