Que el inquilino no pague el alquiler, es uno de los mayores miedos caseros, y es que enfrentarse a los impagos y a un proceso de desahucio es un proceso que lleva tiempo y dinero. Y justo esto es lo que le pasó a una propietaria de 86 años francesa, que pasó 26 meses sin cobrar el alquiler de su vivienda, pese a haber iniciado todas las acciones legales pertinentes para desalojar a la inquilina. Ahora reclama un total de 40.320 euros, de los que 9.331 euros son exigidos directamente a la administración, por la demora en ejecutar el desahucio.
En abril de 2023, la propietaria firmó un contrato de arrendamiento con una joven para un apartamento en París con una renta mensual de 1.350 euros, más 90 euros de gastos de construcción. Durante los primeros meses, los pagos se hicieron con normalidad, pero, según informan desde Figaro Inmobiler, cuatro meses después la inquilina dejó de pagar sin previo aviso.
La anciana envió a su inquilina numerosos requerimientos formales de pago, pero no recibió respuesta. En octubre de 2023 emitió un requerimiento final invocando la cláusula de rescisión del contrato por impago, que permite al arrendador terminar la relación contractual en caso de falta de pago.
Un desahucio que se retrasa en el tiempo
La cláusula de rescisión entró en vigor en diciembre de 2023, y el contrato quedó formalmente rescindido. Sin embargo, la inquilina continuó ocupando la vivienda sin título ni derecho legal, acumulando más de 9.600 euros en alquileres impagos en ese momento.
Con el contrato rescindido, la propietaria tenía derecho a solicitar el desalojo, pero la ejecución práctica de esa orden se fue demorando. El primer problema fue la moratoria invernal de desahucios, que en Francia, impide ejecutar órdenes de expulsión a residentes sin alternativas habitacionales durante los meses de frío. Esto hizo que se tuviera que esperar hasta abril de 2024 para poder solicitar formalmente la ejecución de la orden de desalojo.
Cuando llegó ese momento, la propietaria encontró otro obstáculo para recuperar su casa y es que la policía se negó a proporcionar apoyo policial, que es un requisito legal para llevar a cabo un desahucio en el país. La negativa se basó en el hecho de que la inquilina tenía hijos y no disponía de una vivienda alternativa, por lo que las autoridades consideraron imposible proceder sin un plan de reubicación.
Según la abogada de la anciana, este tipo de situación la dejaba en una especie de limbo legal, ya que la sentencia de desalojo existía, pero no podía ejecutarse por falta de apoyo de las fuerzas del orden, prolongando indefinidamente la ocupación sin derecho.
La propietaria reclama al Estado por no ejecutar la sentencia
La propietaria decidió iniciar una acción legal contra la administración en julio de 2025, basándose en el Código de Procedimientos de Ejecución Civil, que obliga al Estado a asistir en la ejecución de sentencias ejecutorias. La negativa de la administración a proporcionar esa asistencia puede dar derecho a indemnización por los daños causados.
El desahucio se realizó finalmente en octubre de 2025, nueve días antes del inicio de una nueva moratoria invernal, y la inquilina fue desalojada. Actualmente, se encuentra alojada en un hotel social, pero el retraso en ejecutar la orden dejó a la propietaria sin cobrar durante más de dos años.
En total, la propietaria se acumula una deuda de 40.320 euros por el impago durante 26 meses de ocupación sin pagar. Aunque la abogada no espera que se pueda recuperar toda esa cantidad, espera al menos poder obtener la indemnización de la administración de 9.331 euros.
