Una anciana con problemas cognitivos deja en herencia más de 12 millones de euros: piden que se invalide el testamento porque la notaria y los testigos la obligaron a firmar

La Fiscalía ha solicitado la nulidad de un testamento otorgado por una anciana de 80 años en el que dejaba en herencia un patrimonio de más de 12 millones de euros a una fundación y otros beneficiarios. Según la acusación, la mujer, tras un accidente cerebrovascular, sufría grandes limitaciones motoras, cognitivas y sensoriales y se encontraba en un estado de conciencia mínima y sin posibilidad de comunicarse en el momento de firmar el documento. 

Esta situación salió a la luz, según recogieron desde EuropaPress, gracias a la denuncia presentada por un familiar lejano de la anciana y al aviso del director clínico del hospital en el que la anciana había estado ingresada. 

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La Audiencia Provincial de Valencia será la encargada de juzgar el caso en el que se acusa a la notaria que autorizó el testamento de falsedad dolosa en documento público y solicita una pena de cinco años de prisión, además de una multa de 5.400 euros y la inhabilitación especial para ejercer como notaria durante un año. 

Un testamento lleno de polémicas

Según la información recogida, los hechos se remontan a 2012, cuando la notaria acusada acudió al hospital con un testamento ya redactado en su despacho. Según la Fiscalía, el documento fue elaborado a petición de uno de los testigos, quien avisó a la profesional del delicado estado de salud de la anciana. Aunque esta no podía firmar, la notaria le hizo estampar su huella digital para otorgar una apariencia de legalidad al documento.

El testamento benefició a una fundación madrileña con 6,8 millones de euros al ser nombrada heredera universal. Además, entre los legados figuraban 650.000 euros para los tres hijos de uno de los testigos, la misma cantidad para el hijo del otro testigo y diversas obras de arte para la esposa del primero.

Estos 15 beneficiarios, según la acusación, actuaron a título lucrativo y ahora podrían verse obligados a devolver lo recibido si se anula el testamento.

Inicialmente, la Fiscalía también imputó a los dos testigos que participaron en la firma del testamento, considerándolos cooperadores necesarios del presunto delito. Sin embargo, debido a su avanzada edad (nacieron en la década de 1930), no serán finalmente juzgados. A pesar de ello, su implicación es central en la causa, ya que fueron ellos quienes contactaron con la notaria y facilitaron la elaboración del documento.

El estado de salud de la anciana en el momento en el que se firma el testamento es uno de los puntos clave del caso. Los informes médicos aportados declaran que la mujer carecía de la capacidad cognitiva y física necesaria para otorgar un testamento. Por esta razón consideran que el documento es nulo de pleno derecho.

La anciana, que no tenía hijos ni familiares cercanos, quedó viuda poco antes de redactarse el testamento. De no haberlo hecho, su patrimonio habría pasado automáticamente a la Generalitat Valenciana, al no existir herederos directos.