La devolución de la fianza al finalizar un contrato de alquiler suele ser una de las principales fuentes de conflicto entre inquilinos y propietarios, y no solo en España. En Francia, en el ámbito universitario, estas disputas son especialmente frecuentes, y esto es lo que ha llevado a un estudiante a denunciar a su residencia reclamándoles la devolución de su fianza y denuncia irregularidades en los cálculos de los gastos y en el propio contrato de alquiler.
La cantidad que reclama no es elevada, tan solo 435 euros, pero para el joven, según recogen desde Figaro Inmobilier, es una cuestión de principios. “Me enteré por otros estudiantes de que era difícil recuperar la fianza íntegra en esta residencia, así que empecé a moverme mucho antes de irme”, explicó. Tras varios intentos fallidos de obtener respuesta, decidió presentar una demanda.
La audiencia se celebró el 5 de noviembre, tras varios aplazamientos. El estudiante compareció sin abogado, pero con alegatos escritos en los que expuso su caso. No solo reclamó la devolución íntegra de la fianza, sino también una penalización del 10 % mensual por cada mes de retraso, previsto en la ley francesa
La residencia se niega a devolverle la fianza y le reclama más dinero por gastos impagados
La asociación gestora de la residencia, no solo rechazó devolver el depósito, sino que le reclamó 229,23 euros adicionales por supuestos ajustes en los gastos de comunidad correspondientes al curso 2022-2023.
En su defensa, el joven argumentó que la residencia no justificó correctamente los cargos. Según sus cálculos, de los 459.206 euros declarados como gastos generales, solo el 64 % está respaldado por documentos oficiales. El resto, incluidos gastos de personal, mantenimiento y tasa de basuras, carece, según él, de los justificantes necesarios.
Además, el estudiante sostuvo que parte de los gastos se cargan de forma incorrecta a los inquilinos, como el salario del personal administrativo o el mantenimiento de zonas comunes, que en parte es realizado por otros estudiantes a cambio de descuentos en el alquiler. “No entiendo cómo pueden justificar este coste si no se declaran esos trabajos ni sus retribuciones”, señaló.
La sentencia se conocerá el próximo 30 de enero de 2026.
