La reforma del subsidio por desempleo se vio suspendida tras la derogación del Real Decreto-ley 7/2023 en el Congreso (por los votos en contra de PP, Vox y Podemos). Pero no será una suspensión definitiva y es que el Gobierno de España necesita sacarla adelante para recibir el cuarto desembolso de los Fondos Europeos. Es por ello que desde el Ministerio de Trabajo están trabajando a contrarreloj para llegar a un acuerdo con la patronal y los sindicatos, comenzando este mismo lunes las negociaciones.
Cabe destacar que, previamente, el Ministerio de Trabajo no tuvo en cuenta a los agentes sociales a la hora de diseñar este decreto, lo que fue criticado tanto por los empresarios como por los sindicatos. Los primeros consideraban que el nuevo sistema no incentivaba lo suficiente a las personas desempleadas a salir del paro, mientras que los segundos estaban en contra del recorte de cotizaciones del subsidio para mayores de 52 años así como de la cuantía establecida, que consideraban insuficiente.
Sobre este último punto, podría ceder el Gobierno, según las declaraciones del secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey: “el Gobierno está dispuesto a explorar todas las medidas que sirvan para que el diálogo social pueda mostrar su respaldo a esta reforma”, ha afirmado, después de que le preguntaran si estarían dispuestos a aumentar la cuantía de esta prestación. De ese modo, desde Trabajo estarían abiertos a estudiar este aumento.
En este sentido, los sindicatos proponen eliminar el Indicador público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM) como base para establecer las cuantías y que estas se vinculen al umbral de pobreza. Para estos, las cuantías de los subsidios “se han alejado demasiado de los umbrales de pobreza”, por lo que proponen este nuevo parámetro, con el que se conseguirían que fueran lo “suficientemente dignas”, tal como recogen desde Europa Press. Sin embargo, este no sería el único punto a tratar.
Recorte de las cotizaciones del subsidio: otro punto polémico
Por otro lado, otro punto polémico de la reforma del subsidio es la decisión del Gobierno de reducir la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años. Cabe recordar que este subsidio es el único que permite a los desempleados que lo perciben seguir cotizando para la jubilación y, si hasta ahora lo hacían por el 125%, en la reforma de Trabajo se contemplaba un recorte del 5% cada año hasta 2028, reduciéndose de forma definitiva hasta el 100%.
Esta reducción fue la razón por la que Podemos decidió votar en contra del Real Decreto y, sobre la misma, Joaquín Pérez Rey ha aclarado que se va a discutir “en el marco de alternativas distintas”, si bien los sindicatos comparten con Trabajo el hecho de que “no se puede tratar de la misma manera” esta sobrecotización con un salario mínimo de 700 euros que con el de ahora, que ha alcanzado los 1.134 euros brutos mensuales. De ese modo, el secretario de Estado ha recalcado la postura que venían defendiendo desde el ministerio de Yolanda Díaz, que es que el recorte en la cotización del subsidio es consecuencia de la revalorización al 54% del SMI desde 2019.
Otras propuestas que se tratarán en la reforma del subsidio
Según ha informado Joaquín Pérez Rey, los sindicatos también han abogado por una mayor protección para las personas que pasan a trabajar a tiempo parcial (respaldado también por la patronal); por establecer cambios en el tránsito del subsidio al Ingreso Mínimo Vital (IMV); y por mejorar el reconocimiento de la prestación a las trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla.
Por su parte, la patronal defiende una revisión del punto de la normativa española en la que se obliga a ofrecer un trabajo “de calidad, indefinido y con garantías a un desempleado”. Una petición que, según el propio secretario, desde el Ministerio de Trabajo se ve “con muy malos ojos”: “no estamos dispuestos a revisar una de las garantías del acuerdo de actividad que está en la ley de empleo y que nos parece fundamental”, ha concluido.
El Gobierno tiene un plazo de dos meses para aprobar la reforma del subsidio, que se intentará llevar cuanto antes a las Cortes para su tramitación como proyecto de ley. Por ello, ha confirmado que trabajarán “con los grupos parlamentarios para ir afinando y llevando el proyecto de ley a las cortes en las mejores condiciones posibles”, asegurando que son “negociaciones que transcurren de manera paralela” para “cumplir lo antes posible con el compromiso europeo”.
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