Sumar ha propuesto que el Estado destine 2.000 millones de euros a una compra masiva de viviendas ya construidas, incluidas las que están en manos de particulares y grandes fondos. El portavoz de Vivienda del grupo en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, sostiene que la crisis habitacional exige medidas inmediatas y que la vía más rápida para reforzar el parque público pasa por adquirir inmuebles disponibles en el mercado, en lugar de esperar los largos plazos que requiere la nueva construcción.
En una entrevista con Europa Press, Ibáñez enmarcó esta iniciativa en lo que definió como un momento “histórico” de la crisis de la vivienda, marcado por el encarecimiento continuado tanto del alquiler como de la compra. A su juicio, en ese deterioro influyen varios factores, entre ellos la entrada de grandes fondos de inversión en el mercado residencial y el avance de los apartamentos turísticos y de temporada en detrimento de la vivienda habitual.
El diputado aseguró que esa tensión está teniendo efectos visibles en la vida cotidiana de miles de personas. Según relata, una de cada tres personas que vive de alquiler se ha visto obligada a cambiar de barrio en el último año, una situación que calificó de “gravísima” porque, a su entender, rompe vínculos comunitarios y arrastra consecuencias sociales, sanitarias y escolares.
La compra directa como vía rápida para ampliar el parque público
La propuesta de Sumar se suma a otras medidas que la formación defiende para frenar la escalada de precios. Entre ellas figuran la prórroga de alquileres que aún debe someterse a votación definitiva en el Congreso, la limitación de las compras de vivienda por parte de fondos de inversión y nuevas restricciones a los pisos turísticos. Pero Ibáñez se centra, sobre todo, en la intervención directa del Estado en el mercado residencial. “Construir y licitar obra pública es profundamente pesado y tardío. No tenemos tiempo en construir, hay que comprar lo que ya existe, y esto lo puede hacer la ministra de vivienda”, afirma.
El parlamentario apuntó que una de las oportunidades para esa intervención pública aparece cuando un fondo quiere desprenderse de una cartera de activos para vendérsela a otro inversor. En ese momento, explica, el Estado podría entrar en la operación y absorber parte de esos inmuebles para destinarlos al parque público.
Ibáñez también marcó distancias con la estrategia que atribuye al PSOE, centrada en incrementar la oferta mediante nuevas promociones. “En nuestro país no hace falta construcción de vivienda pública. Estamos por encima de Europa en vivienda por habitante. Lo que hay que hacer es una compra masiva de vivienda pública”, defendió. En su opinión, las grandes operaciones de vivienda protegida levantadas en las décadas de los ochenta y noventa acabaron concentrando la vulnerabilidad en barrios periféricos y generaron dinámicas de segregación.
Con ese diagnóstico, insistió en que la prioridad debe ser actuar con rapidez. “¿Por qué no se pueden poner 2.000 millones de euros encima de la mesa para comprar vivienda que ya está construida y que mañana mismo puede ser útil?”, planteó. Y vinculó esa exigencia a las prioridades presupuestarias del Estado al señalar que, si hay recursos “para la guerra”, en alusión al aumento del gasto militar que reclama la OTAN, también debería haberlos para una operación pública de vivienda a gran escala.
Choque con el PSOE y defensa de la prórroga de los alquileres
El dirigente de Compromís coincidió además con la tesis expresada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre el escaso recorrido que está teniendo la Ley de Vivienda por la resistencia de varias comunidades gobernadas por el PP a aplicarla. Aun así, rechazó la posibilidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución para que el Estado asumiera competencias autonómicas en esta materia. “Yo no comparto la aplicación del 155, creo que en la política hay que ser coherente y lo que no podemos es utilizar subterfugios cuando nos interesa y criticamos en otros casos”, señaló.
Pese a ese rechazo, Ibáñez considera que el Gobierno central dispone de margen suficiente para actuar. Recordó, por ejemplo, que defendió en el Congreso una proposición de ley para impedir que los fondos de inversión compren vivienda y reprochó al PSOE haberse abstenido. También sostuvo que el ala socialista del Ejecutivo tiene capacidad para impulsar contratos de alquiler indefinidos y que, hasta ahora, no ha dado ese paso.
En ese contexto, reclamó al Ministerio de Vivienda una implicación mucho mayor en la defensa de la prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, una medida ya incluida en un decreto ley en vigor pero pendiente de su convalidación definitiva en el Congreso. PP, Vox y Junts han mostrado su rechazo a esa norma. Ibáñez pidió a los inquilinos que soliciten ya esa ampliación mientras siga vigente y reprochó a los socialistas que se estén “poniendo de perfil” en la negociación parlamentaria.
También cargó contra Junts por su oposición al decreto y apuntó que dentro del partido de Carles Puigdemont se está abriendo un debate interno. En defensa de la prórroga, afirmó que la medida beneficia tanto a arrendatarios como a propietarios. “No hay mejor garantía de un inquilino te pague de que le pongas un precio asequible”, sostuvo. Y añadió, en referencia a la dirigente posconvergente Miriam Nogueras, que “la mejor medida contra la ocupación es no alquilar un zulo a 1.100 euros”.
El discurso de Vox sobre vivienda
En el tramo final de la entrevista, Ibáñez se refirió al auge en redes sociales del portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, al que describió como una figura políticamente “mucho más peligrosa” que Santiago Abascal por su capacidad para proyectar una imagen más amable y moderna en barrios populares. Según dijo, ese perfil le permite conectar con sectores donde el malestar por la vivienda ha ganado terreno en los últimos años.
