Los Presupuestos, aprobados: ¿cómo será el impuesto a la banca, a las eléctricas y a las grandes fortunas?

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2023 en la continuación de la sesión plenaria iniciada el miércoles. Lo ha hecho, además, con una amplia mayoría a pesar de resultar, como se encargó de calificar la ministra de Economía, Nadia Calviño, "particularmente prudentes" y con una previsión de ingresos "baja" por el peculiar contexto económico, afectado por la inflación y la guerra en Ucrania.

También ha incorporado más de 200 enmiendas desde las diferentes representaciones parlamentarias en el hemiciclo de los distintos grupos políticos presentes que han modificado levemente las medidas. ¿Cuándo entrarán en vigor el más del centenar de disposiciones que recoge? A falta de su posterior paso por la cámara baja del Senado y su posterior inclusión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se espera que con la entrada de 2023.

Como se encargó de calificar el Gobierno, se trata de las cuentas estatales anuales que recogen la mayor partida de gasto social y de ingresos de la historia. Para ello, serán claves los impuestos que se incluyen. A destacar, el impuesto a la banca, a las eléctricas y a las grandes fortunas, todos ellos de carácter temporal para el año entrante, aunque se valore hacerlos permanentes, y cuyas proposiciones de ley han recogido la mayor parte de atención de los focos. Estas serán sus principales consecuencias.

Amenaza de inconstitucionalidad

Los tres impuestos tienen la posibilidad de ser recurridos ante el Tribunal Constitucional, tal y como han incidido PP, VOX y Ciudadanos, especialmente. No solo porque aluden que invade la autonomía financiera de las comunidades autónomas en el caso del gravamen a las grandes fortunas, si no porque se aplicarán a las empresas sobre  las ventas (en las energéticas) y los márgenes ordinarios (en la banca) y si no sobre el beneficio inflacionario.

Impuesto a las grandes fortunas

El Ejecutivo se une así a la revolución fiscal de las autonomías. El movimiento iniciado por Juanma Moreno en el PP de Andalucía y que también siguieron otros como Isabel Díaz Ayuso encontró razón en Unidas Podemos, que consiguió convencer al PSOE de gravar el patrimonio de los más ricos. Este ha sido introducido como enmienda parcial, por lo que no podrá ser modificado y ha contado con el apoyo de los socios gubernamentales: ERC, Bildu y Más País.

Más ingresos, más contribución en impuestos, será su fórmula. El impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, como se le bautizado oficialmente, solo afectará a los contribuyentes de diez comunidades autónomas, aquellas que tienen tipos del impuesto de patrimonio inferiores a los del nuevo gravamen. Será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.

Impuesto a la banca y las eléctricas

Será una de las grandes fuentes de financiación que sirva como contraposición para hacer frente a la crisis energética que vive el país y toda Europa principalmente por el impacto de la Guerra entre Rusia y Ucrania y a sus sobrecostes. Gravará en un 4,8% las comisiones e intereses de los bancos, que se aplicará sobre el margen obtenido de comisiones e intereses durante los años 2022 y 2023 para aquellos que hayan percibido más de 800 millones de euros brutos en el 2019 en conceptos de comisiones e intereses.

La enmienda introducida por el PNV decreta ahora que afectará a la actividad desarrollada en España por cualquier banco, sin importar la nacionalidad. Por su parte, se impondrá un impuesto del 1,2% sobre el total de los ingresos de las empresas de energía, que deberán tener unos ingresos superiores a 1.000 millones de euros anuales en el 2019 y su actividad principal debe estar vinculada a la energía.

El impuesto no afectará a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, caso del PVPC, la TUR o el GLP ni a las empresas cuya jurisidicción se encuentre fuera de España. También estarán exentos los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural, así como aquellos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico.

El bolsillo de los consumidores estará blindado. Ese esfuerzo extraordinario y repartido al que alude el Ejecutivo de coalición se repartirá entre estas dos prestaciones patrimoniales de naturaleza pública y carácter no tributario que estarán aisladas de recaer sobre los consumidores y que estarán en vigor, al menos, durante dos años, cuyos resultados del año previo se deberán pagar entre 2023 y 2024. No será posible, además, que se deduzcan en el impuesto de sociedades.