Pensión no contributiva mínima de 825 euros al mes: así es la propuesta a la Seguridad Social

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan muchas personas al sufrir una discapacidad o al llegar a la edad de jubilación es el de tener que conformarse con una pensión no contributiva del Imserso. Principalmente, porque la falta de cotizaciones hace que la cuantía sea más reducida que las contributivas de jubilación o incapacidad permanente. Ante esto, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha hecho una llamada al Gobierno de España y propone una pensión no contributiva mínima de 825 euros al mes.

Actualmente, existen dos modalidades de pensión no contributiva: la de invalidez y la de jubilación, y, aunque su gestión corre a cargo del Imserso, el abono y revalorización de la cuantía corresponde a la Seguridad Social. Como el CERMI ha puesto de manifiesto, hay una clara diferencia entre los importes de la modalidad contributiva y no contributiva, pese a que la primera se ha revalorizado un 3,8% y la segunda un 6,9%.

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A efectos prácticos hay una desigualdad importante. En este 2024, la pensión mínima no contributiva es de 7.250,60 euros anuales, mientras que la contributiva mínima llega a alcanzar los 11.552,80 euros al año. Si se traduce en términos mensuales, la mínima no contributiva (517,90 euros) apenas llega al 50% del Salario Mínimo Interprofesional (567 euros con un SMI a 1.134 euros/mes).

¿Qué pide el CERMI a la Seguridad Social para mejorar la cuantía de las pensiones no contributivas?

Como apuntan desde dicha plataforma, se necesitaría equiparar ambas pensiones o, por lo menos, que esa brecha no sea tan pronunciada. “Cada vez se separa más el diferencial de cuantías entre una y otra, quedando las no contributivas relegadas, sometidas a crecimientos mínimos, que deterioran la capacidad económica de quienes las reciben”.

A esta se suma otra modificación que tiene que ver con la revisión del método de cálculo de la capacidad económica para solicitar las pensiones del Imserso. Hoy en día, este se lleva a cabo tomando como base la renta de la unidad de convivencia del pensionista, lo que se traduce en una penalización para muchas personas con discapacidad.

La propuesta de este organismo pasa por tomar en cuenta solo la capacidad económica individual a la hora de cumplir con el requisito de carencia de rentas. Sería la forma menos perjudicial para evitar que el ingreso de otros miembros de la familia sea determinante en la aceptación o no de la pensión. 

Cabe mencionar que en los tres primeros meses del año, los pensionistas deben dar cuenta de cuáles fueron sus rentas en el año anterior. El resultado puede ser negativo si se sobrepasa el límite de ingresos, no por el pensionista, sino por culpa de los ingresos de la unidad familiar con quien conviva.

Por último, la propuesta del CERMI ve como posibilidad mejorar la compatibilidad entre el cobro de la pensión por discapacidad no contributiva y la realización de un trabajo remunerado. Con una mayor flexibilización se promovería la vuelta al mercado laboral.